Confirmadas irregularidades en las subvenciones al hermano de Puig
El Equipo de Delitos Económicos de la Policía Judicial de la Guardia Civil detecta facturas duplicadas, injustificadas y otras cruzadas para obtener mayor beneficio.
El president de la Generalitat, Ximo Puig.
La Fiscalía Anticorrupción al Juzgado de Instrucción número 4 de València, que investiga este caso, constata irregularidades en las facturas. El fiscal había solicitado la declaración de Francis Puig por las facturas cuyo pago no ha podido ser acreditado y la de su socio, Bovell, por las imputaciones de falseamiento de nóminas para la obtención de subvenciones.
Según las conclusiones de la Guardia Civil recogidas en el escrito del fiscal, se ha comprobado la existencia de facturas cruzadas que han podido ser utilizadas para obtener subvenciones en mayor cuantía que la que correspondiera en todas las empresas analizadas, unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otras facturas de las que se cuestiona si pueden ser consideradas como gasto subvencionable o está insuficientemente justificado según las bases reguladoras de las ayudas.
En este último caso, de acuerdo con la fiscal, en el supuesto de que no lo sean, la conducta podría entrar en la de falseamiento que exige el delito de fraude de subvenciones o ser constitutiva de infracción administrativa con obligación de reintegro, y facturas duplicadas y de suministro de energía u otros que no se corresponde con el domicilio social, que integrarían en el primero concepto salvo que también sean ficticias.
Igualmente, la Policía Judicial constata la imputación de gastos realizada al 100% en las solicitudes dirigidas a la Generalitat Valenciana y a las de Cataluña, esto es, "solicitar íntegramente la subvención en ambas administraciones, justificando los mismos gastos". Según el fiscal, esta acción debe tenerse en cuenta sobre todo en el caso de la última administración dado que la justificación de gastos es la del año anterior y pide comparar cuantías entre las subvenciones de ambos gobiernos para averiguar el exceso en el gasto acreditado.
De acuerdo con el fiscal, la omisión en la solicitud de que se han recibido otras subvenciones con la misma finalidad, especialmente en el caso de las de Cataluña, puesto que la acreditación de gastos es del año anterior, debería ser reconducida a la conducta de falseamiento que exige el delito de fraude de subvenciones.