Los puteros podrían ser sancionados con hasta 15.000 euros

La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública ha pedido poner en marcha una nueva nueva ordenanza abolicionista y una modificación de varios artículos de la Ley de Carreteras de la Comunitat Valenciana datada en 1991 para poder sancionar también, hasta con 15.000 euros, "a los puteros y a los proxenetas" que fomenten la práctica de la prostitución en las vías de titularidad autonómica.

Así lo ha anunciado este lunes la titular de Justicia, Gabriela Bravo junto al concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, en el Foro Feminista Propuestas Ordenanza Prostitución.

Una jornada organizado por la Concejalía de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia con el socialista Aarón Cano al frente y de la cual se ha excluido a Compromís. Algo que ha molestado a los nacionalistas puesto que consideran estar "liderando" el debate. La concejala de Igualdad, Políticas de Género y LGTBI en el Ayuntamiento de Valencia, Lucía Beamud, ha mostrado su enfado con sus socios de gobierno al no recibir la invitación al Foro. Al parecer, el alcalde Joan Ribó, sí fue convidado, pero no con la antelación suficiente como para adaptar su agenda, por lo que no ha podido asistir a la cita, según ha explicado la concejala.

Beamud ha recriminado a los socialistas que antes de anunciar la nueva ordenanza se hayan saltado el reciente acuerdo plenario sobre la prostitución y los acuerdos para la elaboración de un plan de atención y un plan estratégico que analice la situación de la personas que practican la prostitución con carácter previo a la modificación de la ordenanza.

Lo primero que se tiene que hacer es un plan estratégico, como se ha hecho ya con el colectivo LGTBI, que analice la situación de las personas en situación de prostitución, siempre de manera participativa y, a partir ahí, se puede plantar la modificación de la ordenanza y no antes", ha concluído.

Una ordenanza más allá del ámbito policial

El planteamiento de Justicia incluye también la adición al artículo 41 de la Ley de Carreteras de un nuevo apartado que defina como infracción grave "solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en los espacios sujetos a esta ley, según lo dispuesto en su artículo 2".

La iniciativa prevé considerar estos hechos como una infracción grave que podrá ser sancionada con multas de entre 3.001 y 15.000 euros. La propuesta precisa que "en ningún caso las conductas detalladas en dichos artículos serán motivo de sanción para las mujeres en situación de prostitución o víctimas de explotación sexual".

No obstante, Aarón Cano ha destacado que el fin principal del foro de este lunes es buscar medidas más allá del ámbito policial para avanzar hacia la abolición. "Trabajamos desde un punto de vista no solo estrictamente policial. Tenemos que ver la lucha desde diferentes ámbitos, desde el de actividades y desde el de espacio público, y todo rematado con el trabajo de seguridad ciudadana.

Por ello, la ciudad de Valencia va a iniciar el procedimiento administrativo para redactar una Ordenanza de Prostitución que sustituya a la de 2013 y que ayude a combatir las nuevas formas de prostitución que no son visibles.