Promotores alertan de "serios problemas" de acceso a la vivienda para jóvenes

El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), Juan Antonio Gómez-Pintado, y el de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de Valencia (APROVA), Antonio Olmedo, han advertido de un problema "serio" de suelos, así como de regulación, que está provocando dificultades en "el acceso a la vivienda", especialmente entre los jóvenes.

Desde APROVA ponen el acento de la falta de suelo en la capital por el estancamiento del PAI de Benimaclet, el del Grao o del Parque Central, entre otros puntos. Alertan de las consecuencias negativas derivadas de la "situación de indefinición por lo que quieren unos y otros" acerca de los grandes proyectos urbanísticos por parte del Ayuntamiento de Valencia. "No hay suelo para más de dos años", alerta Olmos.

Por un lado, en el caso de Benimaclet, la vicealcaldesa "Sandra Gomez apuesta por ganar altura en edificios para hacer frente a demanda, pero Compromís Sergi Campillo y Joan Ribó dicen bajar la edificabilidad", comienza Olmos. Se trata de una diferencia notable ya que así, "se puede pasar de 2 mil viviendas a 400 y la capacidad de satisfacer la demanda se disminuye", explica Olmos.

Por otro lado, el PAI del Grao es prácticamente "inalcanzable", desde el punto de vista de Olmos, ya que primero debe pasar "por el soterramiento de las vías".

En definitiva, la falta de suelo aboca a un falta de viviendas. Advierten de que no hay un suelo "razonable" en Valencia para colmar la demanda, provoca subidas de precios de un "10% en el cuarto trimestre de 2021y de un 2% respecto a marzo", explica Fernando Cos, director cátedra observatorio Vivienda. En consecuencia, "esta siendo complicado e inalcanzable el acceso a la primera vivienda. La gente joven no puede comprarse la en valencia y le cuesta en el área metropolitana", lamenta Cos.

Asimismo, destaca que los alquileres también se disparan "casi al precio de hipoteca. De los 88 barrios, solo dos tienen el precio por debajo de la hipoteca".

Atasco de licencias y problema jurídico

A la falta de suelo se suma el atasco de la concesión de licencias por parte del Ayuntamiento de Valencia. Solo para asignar un técnico "se tarda entre 6 y 8 meses", critica Olmos. "Desde que compras el suelo hasta que entregas una vivienda pueden pasar tres años debido a las concesiones de licencias. Incluso desde que está la vivienda lista y vendida hasta que la entrega a los propietarios pueden pasar meses", argumenta el presidente de APROVA.

Estos retrasos provocan unas pérdidas denominadas "el impuesto silencioso". Gómez-Pintado se ha referido a este parón como un "impuesto invisible" porque, según un estudio que realizó la asociación en Madrid, los retrasos en las licencias pueden encarecer los proyectos hasta un 37%. "No es propio de una sociedad digitalizada" concluye el presidente de APCEspaña.

Por otro lado,

Antonio Olmedo se ha referido, por su parte, a una "marea legislativa" en la Comunitat Valenciana con tres proyectos de ley relativos a las viviendas colaborativas, a la ley de barrios y a la de grandes tenedores, que "generan de entrada una situación de inseguridad jurídica" sobre la forma en la que se definan, más aún al llegar en los últimos meses de legislatura, y que "tendrán efectos en las actuaciones de inversión de las empresas".

En particular, ha criticado que la ley de viviendas colaborativas "discrimina a la empresa privada" en cuestiones como los beneficios fiscales, mientras que también ha reprochado que la de grandes tenedores aluda en concreto al "acoso inmobiliario".

Además, ha incidido en que a ellas se suman tres borradores de decretos relativos a la vivienda y ha señalado que este mismo lunes se publicaron cerca de una treintena de nuevas modificaciones de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (LOTUP), para "acomodarla a una exigencia inmediata" que ha sido la implantación de Volkswagen en Sagunt". "Puede venir otro y poner lo contrario", ha comentado.

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Antonio Olmedo se ha referido, por su parte, a una "marea legislativa" en la Comunitat Valenciana con tres proyectos de ley relativos a las viviendas colaborativas, a la ley de barrios y a la de grandes tenedores, que "generan de entrada una situación de inseguridad jurídica" sobre la forma en la que se definan, más aún al llegar en los últimos meses de legislatura, y que "tendrán efectos en las actuaciones de inversión de las empresas".

En particular, ha criticado que la ley de viviendas colaborativas "discrimina a la empresa privada" en cuestiones como los beneficios fiscales, mientras que también ha reprochado que la de grandes tenedores aluda en concreto al "acoso inmobiliario".

Además, ha incidido en que a ellas se suman tres borradores de decretos relativos a la vivienda y ha señalado que este mismo lunes se publicaron cerca de una treintena de nuevas modificaciones de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (LOTUP), para "acomodarla a una exigencia inmediata" que ha sido la implantación de Volkswagen en Sagunt". "Puede venir otro y poner lo contrario", ha comentado.

Para Gómez-Pintado, "legislar desde un punto de vista ideológico en el mundo del alquiler conlleva que se retiren empresas y se encarezcan los precios". "Necesitamos una legislación con un criterio unificado entre las distintas fuerzas políticas que abalicen el grado de afección en la sociedad y que no se cambiar cada dos por tres". Esta es la propuesta que plantea APCEspaña a través de la "colaboración público-privada", expone Gómez-Pintado.

Todos estos asuntos centrarán el debate del III Congreso Nacional de la Vivienda, que se celebrará en Valencia los días 20 y 21 de septiembre.