Belarra se la devuelve a Puig y le acusa de competencia desleal por el Imserso

El enfrentamiento entre Ximo Puig y la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, se acrecienta tras la reciente 'sublevación' del presidente valenciano, quien tras reiteradas críticas hacia Belarra y oponiéndose a su criterio de no negociar la subida de los precios de los hoteles del Imserso, aprobó una partida de cinco millones de euros para sofocar los efectos de la inflación. El intento del Puig de crear un 'Imserso autonómico' asumiendo la inversión compensatoria demandada por Hosbec que el Gobierno central declina, no ha sido bien recibida por parte del Ejecutivo.

La ministra podemita le devuelve a Puig la 'bofetada' fijando las fronteras de su territorio al considerar que la subvención de la Generalitat puede entrar en conflicto con las competencias del Ejecutivo, como avanza Valencia Plaza. De este modo, el Ministerio de Derechos Sociales duda de la legalidad de este decreto.

Las ayudas aprobadas por el Consell, pese al rechazo de los socios del Botànic, contemplan el incremento de seis euros adicionales por cada pernoctación hasta el límite de 900 euros por habitación. El objetivo es dar un impulso a los precios congelados por el Gobierno y ayudar a mantener los 3.000 puestos de trabajo que genera el programa del Imserso en la Comunitat Valenciana, el cual aglutina el 20% del Imserso de toda España, “para que el programa sea viable”.

Estas ayudas se otorgarán por concesión directa por parte del departamento que gestiona el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. Esta forma de conceder las subvenciones supone que se revisen o fijen precios, una competencia que no pertenece al Consell, sino a la administración central. Además, las subvenciones tendrán carácter finalista y el incremento del precio no puede recaer sobre los jubilados puesto que no son ellos quienes pagan el viaje. También implica una supuesta competencia desleal y una vulneración de la libre concurrencia de las empresas a la hora de optar a las ayudas.

En consecuencia, el decreto podría acabar en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al chocar con dos leyes: la de precios y la de contratos públicos.