Caso Azud: las notas del ex tesorero del PSPV-PSOE provocan registros de la UCO
Las presuntas comisiones del tesorero socialista, Pepe Cataluña, lleva a la Guardia Civil a registrar empresas en Castellón, Valencia y Alicante por supuesta financiación irregular
Registros del caso Azud en una imagen de archivo
El caso Azud en el que están investigados varios ex políticos del PSOE y el PP en la Comunitat Valenciana continúa con nuevos registros. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentra realizando diversos registros en varias sedes de empresas de la Comunitat Valenciana para recabar documentación.
Los registros estarían motivados por las notas y la documentación intervenida en el domicilio de José María Cataluña, el ex tesorero y responsable de finanzas del PSPV-PSOE durante muchos años, que supuestamente señalarían a comisiones de grandes constructoras que llegarían hasta un 6%, concretamente de la constructora Acciona y Construcciones Luján, que fueron adjudicatarias del tramo más caro del Júcar-Vinalopó por una empresa estatal en 2008.
Los agentes han accedido a empresas de Valencia como Acciona, de Castellón y de Alicante para recoger nueva documentación por orden del juzgado de Instrucción número 13 y de la Fiscalía Anticorrupción en una parte de la investigación que permanece secreta. No se ha producido ningún nuevo detenido.
El caso Azud es un caso de presuntas comisiones y sobornos del empresario Jaime Febrer -considerado el cabecilla de la trama y que está siendo defendido por el abogado Manolo Mata, ex portavoz de Ximo Puig en las Cortes Valencianas- a políticos del PSOE y del PP para intentar obtener contratos en ayuntamientos valencianos.
Hasta la fecha, alrededor de 60 personas están imputadas, y la trama del caso Azud incluso implicar detrás una presunta financiación irregular del PSPV-PSOE con “decenas de facturas posiblemente falsas” por valor de 1,3 millones de euros, apuntan a una tapadera para sobornar a altos cargos del partido socialista.
En el caso Azud se han visto salpicados un abogado vinculado en su momento al partido socialista, José Luis Vera, que sería uno de los responsables de las facturas falsas, el mencionado Rafael Rubio, nombrado por Pedro Sánchez subdelegado del Gobierno en Valencia, el que fuera responsable de finanzas del PSPV-PSOE, José María Cataluña, o el cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín, y el ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.