Bous al carrer: esto sí es un chiringuito

Falta personal sanitario en la Comunitat Valenciana. No lo denuncian únicamente sindicatos y colegios profesionales. Hasta el propio conseller de sanitat lo ha reconocido públicamente.

Y no estamos hablando de cientos de puestos de trabajo, estamos hablando de cifras que oscilan entre los 5.000 y los 8.000 profesionales.

Esta falta de medios personales, entre otras carencias, se refleja en aspectos tan cruciales para nuestra vida como que más de 50.000 personas se encuentran en lista de espera para operarse, según los últimos datos de epdata.es, debiendo esperar una media de 100 días para ser intervenidas (la media estatal es de 20 días).

Ante este panorama desolador de falta de recursos públicos destinados a preservar y mejorar nuestra salud, la Diputación de Valencia ha anunciado que pedirá al Consell que nuestra sanidad pública se haga cargo de asumir los costes de atención sanitaria que no cubran los seguros de bous al carrer.

¿Cómo es posible tanta desfachatez por parte de una institución, especialmente en un momento como el actual en que la situación económica es tan delicada?

Por si no fuese poco el dinero que de nuestros impuestos se destinan al maltrato animal institucionalizado (corridas de toros, bous al carrer, tiro y arrastre,…), debemos ahora también pagar de nuestros bolsillos los costes sanitarios que las compañías de seguros están negándose a asumir por ser excesivos, para que quienes hacen del sufrimiento un modo de diversión y quienes lo han convertido en un negocio, puedan seguir maltratando animales en nuestras calles y plazas.

Este año 9 personas han muerto y cientos han resultado heridas, de diversa consideración.

Obviando la ética hacia los otros animales, algo que han demostrado no tener nuestros representantes públicos, independientemente de su color político, estas macabras cifras, que hacen inviable que las aseguradoras se hagan cargo de estos actos, por la alta probabilidad de siniestralidad en los bous al carrer, lejos de llevar a quienes nos gobiernan a reflexionar sobre la idoneidad de permitir estos actos tan peligrosos, en su empeño en que se sigan perpetuando, les lleva a reclamar millones de euros a nuestro maltrecho sistema sanitario.

Estamos hablando de exigir a una sanidad que debe recurrir a entidades privadas, porque es incapaz de cubrir las necesidades de la población, que absorba y asuma como propios los costes de una actividad cada vez más rechazada, para hacerla rentable.

Me gustaría que, si se atreven, se sienten a proponérselo al personal sanitario interino que lleva años concatenando cientos de contratos, algunos de apenas unos días, porque no hay dinero para ofertas públicas de empleo suficientes. O a los/as médicos/as, obligados a renunciar a sus vacaciones por falta de personal. O a las personas enfermas a las que el cáncer se lleva por delante, por no llegar a tiempo a un tratamiento.

Y que les expliquen que es más importante destinar millones de euros a mantener esta miserable, violenta y anacrónica tradición, que mantener en condiciones un sistema sanitario público de calidad, que no deje a nadie atrás.

Esto sí es un chiringuito. Y lo demás, tonterías.