El gobierno de Puig rescata de tapadillo la oficina que persigue el castellano

El gobierno de la Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig en coalición con Compromís y Unidas Podemos vuelve a la carga con una de sus medidas más polémicas que acabó siendo considerada ilegal en 12 de sus artículos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y ratificado por el Tribual Supremo: la Oficina de Derechos Lingüísticos.

Esta Oficina de Derechos Lingüísticos, una copia que viene de Cataluña, generó multitud de recursos por considerarse que buscaba perseguir a comercios, empresas o personas que usen el castellano, tal y como sentenciaba el Tribunal Supremo. Esta Oficina pretendía recoger denuncias contra quien no usara el valenciano que incluso afectaban al ámbito privado y el derecho de la intimidad de las personas sobre las que tiene que ver una hipotética reclamación, tal y como afirmó el TSJCV que declaró nulos la mayoría de sus artículos.

Esta oficina, una reclamación de Compromís que puso en marcha el anterior conseller de Educación, Vicent Mazà, y quedó sin función tras anularse la mayoría de sus artículos, puede resucitar de la mano de la nueva consellera Raquel Tamarit como responsable de la política lingüística del Botánic.

Para ello, el Botànic ha encontrado un subterfugio para rescatar la estructura de la Oficina de Derechos Lingüísticos que busca un modelo de denuncias similar al que hay en Cataluña contra quien no hable catalán.

Dado que la otra vez se canalizó como decreto, el Botànic se ha optado por otorgarle rango de ley, en consecuencia, protegerla de las denuncias presentadas por el PP o por otras asociaciones. La fórmula escogida ha sido el cajón de sastre de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año 2023, tal y como consta en su anteproyecto. Veremos si el Botànic logra colar de nuevo su polémica Oficina de Derechos Lingüísticos con esta trampa.