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El PPCV presiona a la Abogacía de Puig para que su hermano devuelva el dinero

Los populares solicitan que la Abogacía de la Generalitat se persone contra Francis Puig y pida la devolución de las ayudas por las que está imputado el hermano del presidente

Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

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La familia de Ximo Puig está siendo investigada por el cobro de subvenciones presuntamente irregulares a través de la empresa Mas Mut Producciones SL a manos del hermano del president del Consell, Francis Puig, en una trama en la que están implicados también su otro hermano y su propio hijo.

A Francis Puig se le atribuye un supuesto delito de falseamiento de nóminas por el cobró subvenciones de la Generalitat Valenciana y de Cataluña a través facturas duplicadas y otras cruzadas para obtener mayor beneficio. Por otro lado, Puig contrató al hijo del president, Pau Puig, para cobrar la subvención del programa 'Avalem Joves' justo el mismo día que se solicitó la subvención, y tras cobrar, Pau Puig se dio de baja. Además, el otro hermano de Ximo Puig, Jorge Puig, que también forma parte de la empresa investigada, cargaba gastos a organismos oficiales y cobraba un sueldo de entre 1.600 y 1.772 euros mensuales gracias a las subvenciones del Gobierno de Puig. En suma, unas operaciones que pueden ascender a medio millón de euros, según Antifraude, a la espera de que la Intervención de la Generalitat facilite el informe con las cifras totales de estos cobros bajo sospecha.

La causa del clan Puig no pasará desapercibida en Las Cortes Valencianas y se convierte en otro punto negro para el Gobierno de Puig. El presidente de la Generalitat se verá obligado a tratar este asunto en el próximo pleno en el parlamento valenciano a petición del Partido Popular, que pondrá contra la espada y la pared a Puig al presionarle públicamente para que tome partida y trate de recuperar el dinero público que su familia se ha llevado mediante estas subvenciones.

Además, el portavoz adjunto del grupo Popular, Miguel Barrachina, ha pedido " que se persone la abogacía de la Generalitat en la causa para garantizar la defensa de los intereses de los ciudadanos”.

Barrachina ha indicado que “es sangrante que el socio de Francis Puig haya recibido hasta siete requerimientos para devolver el dinero de los valencianos que ha ingresado de forma injustificada para supuestas ayudas del valenciano y otros menesteres, y sin embargo el hermano del presidente de la Generalitat nada de nada”.

El diputado popular ha recordado que “en estos momentos un juzgado instruye una causa, la fiscalía apunta falsedad en documento mercantil, Antifraude dice que puede ascender hasta medio millón de euros lo cobrado irregularmente y el tribunal de la competencia también les ha sancionado. Y mientras todo esto ocurría, Puig concedía ayudas a su hermano. Esta empresa percibió subvenciones de numerosas entidades gobernadas por el PSOE hasta superar los dos millones de euros. No es posible que no sean recuperados por ser el hermano de Ximo Puig y a su socio se le han reclamado hasta en siete ocasiones por duplicar y cuadruplicar facturas”.

Falsa apariencia de estabilidad

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Popular, Elena Bastidas, ha mostrado su sorpresa porque “la ley de acompañamiento no llegue a Les Corts junto con la ley de presupuestos y no se tramite hasta el viernes. Bajo esa falsa apariencia de estabilidad que pretende transmitir el Botànic, en el fondo sigue habiendo cuestiones de difícil encaje entre los distintos partidos que conforman el tripartito de izquierdas. También es la primera vez que los debates de totalidad, tanto de la ley de acompañamiento como la de presupuestos, se debatirán en el mismo pleno, el lunes 21 de noviembre. Hemos propuesto alternativas para poder cumplir los plazos pero no hay voluntad política y quieren quitar trascendencia a estas dos leyes juntándolas en el mismo día”.

En este sentido, Elena Bastidas ha señalado que “resulta llamativo que la inversión más importante de los presupuestos en materia de vivienda sea de nuevo la reforma del Palacete del vicepresidente segundo del Consell, el señor Illueca, mientras hay 45.000 personas en listas de espera para acceder a una vivienda social y se hace cero promociones públicas de vivienda”. También ha incidido sobre que “en un momento de alerta social lo más llamativo es que cada cargo del Consell se va a subir 3.000 euros y esta cámara se congela el sueldo. Nosotros estaremos a favor de cualquier propuesta que rebaje los impuestos. Si el PSOE decide sumarse a la bajada de impuestos, nosotros lo secundaríamos. Pero será difícil porque de los anuncios de Puig a la realidad media un abismo”.