Caso Alquería: La acusación ve probados los "enchufes" de Compromís y PSPV

Que PSPV y Compromís orquestaron supuestamente una trama de corrupción para colocar a cargos afines en la empresa pública Divalterra y así beneficiar a la estructura orgánica de los partidos parece cada vez más evidente teniendo en cuenta los testimonios y las pruebas aportadas en el juicio del caso Alquería.

Este jueves la causa Alquería entabla su recta final con el turno de las acusaciones Acción Cívica y PP en el juicio en el que están imputados 14 cargos, además del expresidente de la Diputación y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, al frente de la trama.

Rodríguez se enfrenta a una pena, tal y como reclama la Fiscalía Anticorrupción, de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

Su defensa, que tuvo lugar durante las primeras sesiones del juicio, se basó en la negación absoluta rechazando haber ordenado los contratos, pero su versión ha ido perdiendo credibilidad a medida que ha avanzado la investigación.

Los testimonios de los testigos hasta la fecha fueron claros. El departamento jurídico de la compañía, señaló a Jorge Rodríguez (PSPV), como el instigador de los contratos a dedo a altos cargos de la compañía entre 2015 y 2018. Algunos de los "enchufados" decían ser amigos de Ximo Puig y Mónica Oltra, según afirmó el exresponsable de Recursos Humanos de Divalterra, Vicente Domingo, durante su testimonio en el pasado mes de octubre.

También se apuntó a Agustina Brines (Compromís) como cómplice, conocedora de los "enchufes" y acusada de "presionar" al departamento jurídico para firmar los contratos, según el citado testimonio.

El argumento ha sido acreditado posteriormente por el informe de la Audiencia Provincial de Valencia, que aportó hace dos semanas pruebas documentales donde, a través de conversaciones, representantes de ambas formaciones políticas se repartían el pastel.

"Existió prevaricación y malversación"

Enchufismo, expolio de dinero público, mala gestión de fondos y omisión de trámites esenciales. De esta forma describen ahora las acusaciones populares la manera de proceder en la empresa pública Divalterra.

La letrada de Acción Cívica ha manifestado que los hechos se han probado "de manera sobrada" durante este "largo" juicio. "Existió prevaricación con los contratos de altos directivos y también malversación de caudales públicos por el desvío de dinero a los bolsillos de esos altos cargos", ha insistido.

A este respecto, ha indicado que los contratados en alta dirección "fueron escogidos a dedo" sin concurrir méritos ni publicidad. "No hubo absolutamente nada. Solo se les contrató por su adscripción política. Se maquinó para vulnerar los principios legales y contratar a dedo", ha subrayado. "No existe en toda la causa nada objetivable que justificara las contrataciones de los altos directivos. Los contratos eran manifiestamente ilegales. Eran todo enchufados, de eso no cabe ninguna duda", ha añadido.

Concretamente, la acusación ha situado en el punto de mira al expresidente Jorge Rodríguez, sobre quien ha señalado que ordenó la contratación de los altos directivos "sin justificar su necesidad", nada más que por su afiliación política. "Respondía a un interés personal en perjuicio del patrimonio público, con abuso de poder y favoritismo", ha dicho. Rodríguez, además, -ha añadido- "ocultó la contratación ilegal a los miembros del Consejo de Administración que no eran miembros del equipo de gobierno y ocultó los informes jurídicos negativos previos y posteriores".

Por su parte, el letrado que representa a la acusación popular del PP ha coincidido con Acción Cívica en que Rodríguez fue el "principal instigador" para llevar a cabo los contratos de alta dirección y ha aludido a una "intencionalidad directa" de saltarse la ley. "Se hizo una trama de contratación ilegal en perjuicio del erario público", ha repetido.

En esta línea, ha indicado que "había un conocimiento previo de la ilegalidad antes de tomar la decisión de los contratos claramente ilegales", al tiempo que ha añadido que resulta "especialmente llamativo" que los contratos efectuados en 2015 no pasaran por el único órgano competente para la contratación, que era el Consejo de Administración.

"¿Por qué no se hizo, pese a que PSPV y Compromís tenían mayoría en el Consejo?", se ha preguntado el letrado, y ha contestado: "Es evidente que no llevaron los contratos al Consejo porque no podían contar con los informes favorables preceptivos".

Lo cierto es que la compañía contaba con 11 informes en contra de estas contrataciones que alertaban de su irregularidad, pero sólo bastó un último afín para llevar a cabo los presuntos enchufes, que han supuesto un perjuicio para las arcas públicas de 1,1 millones de euros con el fin de obtener un mayor control del partido en todos los territorios.

"Todo se hizo de forma deliberada", ha apuntado el abogado, quien ha añadido que había una "ilegalidad" en el modo de la elección de los contratados, un "clientelismo político", ha concluido la acusación.