El conseller incumple su palabra y lleva a 300 trabajadores de las ITV a un ERE

La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA-ITV) ha salido al paso hoy de la publicación en el DOGV de la eliminación “unilateral y a escondidas” de la prueba del ruido a partir del 1 de enero. “Salvo que haya sido un error de previsión, entendemos que la decisión puede significar el colapso y un caos en el servicio público”.

La entidad ha lamentado “la improvisación y mala fe del conseller Climent al modificar una ley sin avisar, sin tener la decencia política de comunicárselo a las todavía empresas concesionarias hasta el próximo mes de marzo de 2023”. Asimismo, “esta falta de seriedad y de planificación modifica, en el último momento y sin previo aviso, las premisas sobre las que la Conselleria de Economía concedió a las empresas la prórroga”.

Asimismo, se ha denunciado “la incongruencia que significa respecto a lo manifestado por el conseller a las empresas, desdiciéndose de la palabra dada y de las últimas noticias publicadas por los medios de comunicación”. Algo que “parece tratarse de una acción premeditada con la que se desafía a la eficiencia de gestión y al principio de proporcionalidad”.

Por lo tanto, de no deberse a un error de planificación, “fruto de la ignorancia acerca del funcionamiento de las ITV y de la improvisación”, la entidad informa de que el anuncio “obliga a las concesionarias a iniciar, desde el mismo lunes 2 de enero y por causas objetivas, las conversaciones con los sindicatos y los delegados de personal para la extinción de los contratos afectados por la decisión del conseller”.

Impacto de la decisión de Climent

AECOVA ha hecho una primera valoración del impacto que tendrá el anuncio publicado hoy en el DOGV: un 20% de la plantilla actual de las ITV en la Comunitat Valenciana se verá afectada (unos 300 trabajadores) y un 90% de las inspecciones técnicas de vehículos.

Por otro lado, la eliminación de esta prueba, significa también un nuevo desequilibrio económico y una reducción de ingresos no contemplada en las premisas por las que se les concedía la prórroga a las concesionarias.

Por último, los propios presupuestos de la empresa pública quedan desfasados y superados.