Las ITV alertan de que peligra el servicio para 300.000 personas en Alicante

Las empresas concesionarias de ITV en la Comunitat Valenciana, agrupadas en la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova), siguen en pie de guerra contra que conselleria de Economía que dirige Rafa Climent por el “caos” y “falta de tiempo y previsión” del proceso de reversión del servicio hacia la nueva empresa pública recientemente creada.

Si no se solucionan los problemas, desde Aecova advierten que peligra el servicio de ITV para prácticamente a 300.000 conductores de Alicante que no podrán realizar las ITV en las estaciones donde actualmente las realizan, como Santa Pola, Pilar de la Horadada, Orihuela, Novelda o Redován, ya que desaparecen dos estaciones fijas de ITV en Pilar de la Horadada y Redován que tenían contratos previos al sistema concesional, así como las unidades móviles que dan servicio en algunas localidades de Alicante.

No es el único problema, las empresas de ITV han pedido al conseller de Economía prorrogar 15 meses la concesión para poder hacer una reversión hacia la empresa pública en condiciones, y si no responde, solicitan que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, interceda para poder evitar el "caos y colapso inminente" del servicio.

Los representantes de las ITV han criticado que el calendario inicialmente propuesto por la conselleria de Economía arrastra un "retraso considerable" de "prácticamente 12 meses" porque la empresa pública debía haberse constituido en enero de 2022 y se hizo en noviembre, por lo que resulta "inviable que en dos o tres meses se recupere todo el retraso que llevan acumulado".

Las ITV, en contra de eliminar la prueba del ruido

Además, las ITV critican la eliminación de la obligatoriedad de la prueba de sonometría (del ruido) en las inspecciones, una decisión que según han argumentado "va en contra de las directivas europeas", supone una pérdida del 20% de los ingresos y del 80% de los resultados de las empresas, por lo que hace "imposible recuperar las pérdidas" del periodo del covid que motivaron la actual prórroga, y alertan de un posible ERE de 300 personas.

También han mostrado su discrepancia en que la Generalitat ha dispuesto que deben ser las concesionarias las que mantengan o amplíen los contratos de servicios hasta el 30 de junio y no les abonará el coste. "La Generalitat no puede utilizarnos para contratar unos servicios que ella luego los va a disfrutar", han subrayado las empresas de ITV.

Por ello, Aecova ha presentado una serie de recursos tanto por la vía administrativa como por la contenciosa. El primero, un recurso de reposición contra la resolución de la conselleria de Economía sobre el mantenimiento de los contratos de suministros. También han recurrido la resolución de la conselleria de Economía por la que se les ha otorgado la prórroga de dos meses solicitando la prorroga de 15 meses. Y tercero, un escrito de advertencia sobre "cuáles pueden ser las complicaciones técnicas de la toma de decisiones precipitada para que no se pretenda culpar en el futuro a las empresas concesionarias del caos y colapso del servicio público a partir de marzo cuando la empresa pública asuma la gestión".