Los promotores de la residencia de Zaidía anuncian una “batalla legal” a Ribó

ESdiarioCV ha tenido acceso al recurso que han presentado los promotores de la residencia de estudiantes del barrio de Zaidía, llamada “macrohotel”, en la calle Guatla, a espaldas de los Salesianos de la calle Sagunto, un barrio que está siendo objeto de dinamización y en el que la propiedad asegura que una instalación como la prevista será un motor acelerador de actividad y riqueza.

Lo cierto es que los promotores se han hartado y no esperan ya una nueva cita con el alcalde -les aseguró que sería el pasado día 9- y han empezado la “batalla judicial”. El recurso registrado en el Ayuntamiento parece ser la primera de las acciones jurídicas que los promotores ya vienen anunciando en defensa de unos intereses que consideran legítimos y ajustados a derecho.

Derechos que según la empresa promotora que se están conculcando por el equipo municipal de gobierno en extraña connivencia con la oposición y pueden tener graves consecuencias administrativas, económicas e incluso penales, a criterio de su asesoría jurídica representada por un conocido jurista valenciano especializado en urbanismo.

Son cinco los informes que coinciden en no encontrar valores patrimoniales que merezcan la consideración de Bien de Relevancia Local (BRL) en unas naves cuyo proyecto -del arquitecto Gómez Davó- está fechado en 1935 y cuesta trabajo creer que se ejecutara antes de terminar la contienda civil. Y uno sólo, el de la arquitecta Diana Sánchez Mustieles, encargado por la Asociación de Vecinos de reciente creación, el que opina lo contrario -la arquitecta, por cierto, ha contestado no estar interesada en participar en la jornada sobre urbanismo y patrimonio que ESdiarioCV organiza en la primera semana de febrero con expertos en la materia-.

El primer informe fue el del propio jefe de Servicio de Planeamiento, Fernando Belenguer, que el recurso pone en valor y considera que el Ayuntamiento pretendía desautorizar con los encargos al Consell Valencià de Cultura, a la Academia de Bellas Artes de San Carlos y a la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia. Pero no ha sido así, los tres coinciden en que las naves no merecen la protección invocada.

El recurso incide en la ilegalidad de las resoluciones emitidas por Sandra Gómez y argumentadas por el secretario Manuel Latorre, e insinúa que pudieran resultar un delito de prevaricación que conllevara inhabilitación de la vicealcaldesa socialista y los funcionarios que las sustentan.

Avanza también los potenciales daños y perjuicios que pudieran derivarse por responsabilidad patrimonial y lucro cesante legítimo, que terminaría sufragando el propio Ayuntamiento -gobierne quien gobierne a partir de mayo- y que advierte no resultarán inferiores a 30 millones de euros. Y esto hace más incomprensible el insólito apoyo que los populares están prestando a Ribó, como si de una pinza al PSPV se tratara.

Sea como fuere, la batalla ha comenzado y correrá en paralelo a la precampaña electoral, previéndose que la cita con las urnas coincidirá con alguno de los momentos álgidos según el recuento de los tiempos. Quizá la jornada de febrero -previsiblemente en el Colegio de Arquitectos- arroje nueva luz sobre un asunto que ya ha salido hasta en el telediario de Sandra Golpe.