Arranca el juicio por los contratos "zombi" del caso Taula-Imelsa

El próximo lunes 23 de enero comienza el juicio por las pieza B del 'caso Taula', conocida como pieza de los "zombies" por los presuntos contratos ficticios en la empresa pública dependiente de la Diputación, Imelsa, la actual Divalterra. También se inicia la pieza F, que investiga los "zombis" de Ciegsa, la compañía pública dependiente de la Generalitat dedicada a la construcción de centros educativos.

Entre los años 2004 y 2014, en sendas empresas se procedía a la contratación de trabajadores que no acudían a su puesto de trabajo o directamente no desarrollaban ningún tipo de actividad relativa a la empresa, ofreciéndoles retribuciones y dietas sin justificación. Unos hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta 12 años de prisión por delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial.

Además de investigar las contrataciones falsas que se llevaron a cabo saltándose todos los procedimientos, se sospecha que se cometían extinciones de contratos de trabajo con un elevado coste económico que, según la jueza, "puede encubrir algún tipo de maquinación concertada entre empleador y empleado para obtener un innecesario y arbitrario enriquecimiento de estos últimos a costa de recursos públicos".

Se juzgará por ello a más de una veintena de personas pertenecientes tanto al PP como al PSOE, entre las que figuran antiguos cargos públicos como el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus (PP) y a su entonces jefe de Gabinete, Emilio Llopis; al actual subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio (PSPV); al exsecretario autonómico y exresponsable de Ciegsa, Máximo Caturla y al exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. También a dos ex diputados provinciales, dos exalcaldes y un exconcejal.

Por otro lado, el magistrado ha acordado la apertura de juicio oral para cuatro personas por la pieza A del mismo 'caso Taula'. Cabe recordar que la macrocausa se ha dividido en 11 piezas separadas. En este caso se refiere a una presunta financiación ilegal del grupo municipal 'popular' en la etapa de Rita Barberá como alcaldesa. Se sentarán en el banquillo de los acusado el que fuera vicealcalde de la ciudad y en su día mano derecha de Barberá, Alfonso Grau; la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento Mari Carmen García Fuster; al exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas, y al exedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón.