¿Fracasa la jugada de Puig en el juicio contra Camps en la Audiencia Nacional?

ESdiario ha tenido acceso al escrito de Alegaciones que ha entrado en la Generalitat Valenciana a través de la Abogacía y remitido a todas las partes, antes del reinicio de la vista que se suspendió el lunes pasado en la Audiencia Nacional, con veintiséis encausados derivados de Gürtel a estas alturas, entre los que se cuenta el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps.

El magistrado José A. Mora Alarcón, Presidente del Tribunal -que por cierto asume también el papel de ponente, tras la sustitución de la magistrada María Dolores Hernández Rueda, por María Teresa García Quesada- pospuso para hoy lunes el comienzo tras reconocer las dificultades de las defensas para acceder al sumario mediante la plataforma CLAU y confió -que ya es confiar- que lo que no se ha resuelto en meses se hiciera ahora en una semana. Poco se ha podido hacer, porque aunque se han facilitado rutas, el sistema sigue sobrecargado y se cuelga con facilidad, por lo que la consulta deviene infructuosa o se demora hasta dos horas, según indican todas las defensas.

No era esa la única razón para posponer (peor fuera que se declarase su nulidad por indefensión de los encausados y hubiera que repetir el juicio dos años más tarde, llegó a indicar el magistrado). La presentación de un escrito de Modificación de las Conclusiones Provisionales por parte del letrado seleccionado en 2019 por la Generalitat mediante un contrato menor, Emilio Amezcúa Ormeño, apenas quince minutos antes de dar comienzo la vista, escrito desconocido asimismo hasta ese momento por los acusados, echaba leña al fuego de la indefensión.

Este periodista calificaba de rara la jugada y analizaba el contenido del escrito concluyendo en que su objetivo (raro) era mantener la presencia virtual de Ximo Puig -él sabrá porqué- en su permanente duelo judicial con Camps. De muy rara la califico hoy al conocer que la contratación del letrado externo -mediante contrato menor, ironiza el escrito de alegaciones presentado por el procurador Luis Fernando Granados- no está vigente, ya que se hizo por un año (Resolución de 28.11.2019) y por cantidad ligeramente inferior a 10.000 euros, ya devengados en ejercicios posteriores.

Tal vez sea el aspecto nuclear de estas alegaciones, porque si el letrado externo no ostenta la legitimización que supone tener, cabe -como de hecho se solicita- su expulsión de la causa. Esto parece de primero de administrativo. Y así lo hacen saber también las alegaciones mencionadas, la Abogacía como tal, por conflicto de intereses -hay informes contradictorios al respecto- ya fue inadmitida con anterioridad, como bien recordó el letrado valenciano Luis Higuera el pasado lunes. Ergo, si así fuera, la Generalitat carecería de representación incluso en la condición de perjudicado, su reclamación dineraria en el aire y su adhesión a las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción, en agua de borrajas.

El escrito abunda en argumentos complementarios entrando, no obstante su impugnación, en el contenido del escrito extemporáneo y ese imaginativo camino entre lo civil y lo penal elegido por el letrado de Ribarroja. Y en los detalles de las nuevas facturas aportadas como pruebas -también contratos menores de distintas direcciones generales de la Generalitat que Camps presidió- a las que su proponente atribuye, sin mayor demostración, el calificativo de ilícitas o delictivas.

Cuestiones de forma si se quiere, pero de inaudita gravedad, pueden hacer fracasar esta mañana -como ya ocurriera con el caso de la Fórmula 1- la persecutoria judicial de los socialistas valencianos a su relevante adversario. Aunque parezca demasiado sencillo, casi evidente, y no se entienda que no se haya previsto este hipotético desenlace. Ya que si así fuera, Puig no saldrá a bailar en este estrado, y ya anunciamos que Camps no es muy dado al baile. Las alegaciones han sido presentadas por los letrados Pablo Delgado y Belén Gil que ejercen la defensa de Francisco Camps.