PP critica que el Gobierno apruebe la ley de corrupción y rebaje la malversación
Los populares rechazan en el Senado la ley de protección de denunciantes por indefinición o "falta de claridad" y por suponer "una justicia paralela".
El Partido Popular no ha apoyado en el Senado la ley contra la corrupción que regula la protección de los denunciantes y que exige a los partidos tener un canal interno de denuncias porque carece de "técnica jurídica organizativa y de calidad democrática", según ha informado el senador Fernando de Rosa.
La norma recoge la Directiva europea conocida como ‘whistleblower’ y ha sido aprobada por el Senado con el voto en contra del PP y Vox. El texto ampara la figura de los informantes contra represalias y contempla sanciones económicas de hasta un millón de euros en los casos más graves. Fernando de Rosa avanza en Confilegal que es "imprescindible", pero lamenta que "destaca la deficiente regulación, puesto que no existe una claridad en las conductas objeto de investigación por parte de la organización que crea la presente norma".
Para el senador popular la lucha contra la corrupción política y económica "debe de canalizarse siempre a través de la Fiscalía y los órganos judiciales". Incluso la propia letrada de la Comisión de Justicia del Senado puso de manifiesto errores en el texto que venía del Congreso de los Diputados, y que el grupo socialista se negó a aceptar. "En el texto aprobado no se definen los hechos susceptibles de ser denunciados, lo cual supone un verdadero problema, ya que en derecho la indefinición conlleva una inseguridad jurídica que pone en peligro la acción investigadora", expone Fernando de Rosa.
En esta línea, el senador ha señalado que dicha ley no tiene en cuenta el artículo del Estatuto Básico del empleado público que regula la inmediata y obligada comunicación a los órganos de inspección , las órdenes y conductas de superiores que sean contrarios al ordenamiento jurídico. Tampoco la introducción de las técnicas del «Compliance» vía artículo 31 bis del Código Penal. Ni la regulación de las denuncias anónimas que recoge la circular de la Fiscalía General del Estado.
"Lo que se perseguía desde la Directiva es la lucha contra la corrupción protegiendo a los informantes de corrupción y no crear organismos", ha valorado el senador, quien critica que la iniciativa legislativa "crea una justicia paralela".
En definitiva, desde el PP defienden que se debería haber efectuado una serie de modificaciones legislativas para incentivar las denuncias lanzando un mensaje de tolerancia cero en la lucha contra la corrupción. Asimismo, consideran más apropiada la figura del Tribunal de Cuentas para gestionar dichas denuncias.
Por todo ello rechazan que la ley al "no cumplir los objetivos" más aún cuando hace escasas semanas la mayoría socialista ha aprobado la rebaja de las penas del delito de malversación de dinero público, lo que supone una "postura regresiva" en la lucha contra la corrupción y que Comisario Europeo de Justicia pone en duda e incluso apunta a una posible violación de las normas europeas. ¿Cómo vamos a pedir al ciudadano que se convierta en un informante de la delincuencia económica cuando lo que ha hecho el gobierno para luchar contra la corrupción es rebajar la pena a los corruptos?", reflexiona el senador.