El ex ministro Campo aterriza en el juicio de la Audiencia contra Camps

En ese juego de puertas giratorias, que tanto complace a algunos criticar como practicar simultáneamente, el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo acaba de aterrizar de forma muy sutil en el enésimo caso que se sigue contra el ex presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps. Lo hace de la mano del antecesor de este en el cargo, Eduardo Zaplana, de manera que aunque su futuro banquillo -hoy puesto entre interrogantes- sea en su caso otro, la sombra de una nueva (y grave) chapuza judicial planea, hoy, sobre la Sala de la Audiencia Nacional que preside el magistrado José A. Mora Alarcón.

La recientísima sentencia del Tribunal Constitucional, de la que ha sido ponente el ex ministro de Sánchez, tras su costosa y polémica renovación, admitiendo amparo al asesor fiscal de Zaplana, Francisco Grau, en la vulneración de sus derechos de defensa, incluida la severa censura contra la juez Instructora del caso y el Tribunal que reiteradamente rechazó los correspondientes recursos de apelación, anula todos y cada uno de los insistentes actos denegatorios de acceso a información sustancial que, excusados en el secreto del sumario, se negó a los investigados en el caso Erial -todavía vivo- al objeto de levantar una prisión preventiva, escasa si no ayuna de motivación suficiente.

El tiempo vuela, y han pasado más de cuatro años -también eran otras las circunstancias políticas, por entonces la actual presidenta del Congreso, Meritxell Batet, también se sentaba como su novio a la mesa del Consejo de Ministros de Sánchez- desde la mediática y escandalosa detención de Zaplana. Y del inicio de la agresiva instrucción que encabezó la entonces responsable del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, María Isabel Rodríguez. “También hay hospitales en los paraísos fiscales” fue una de las declaraciones más llamativas de la juez que mantuvo al expresidente, y ministro de Aznar, durante ocho meses y medio en prisión preventiva en la cárcel de Picassent.

(Ha sido muy comentado que su leucemia -también la magistrada aseguró que se podía atender perfectamente por los servicios médicos del centro penitenciario- recibiera un tratamiento penal preventivo tan distinto al que, en razón del cáncer de próstata que sufre José Antonio Griñán le permite, por el momento, eludir el cumplimiento de una condena firme)

Cabe recordar cómo los colegas de instrucción de la Instructora salieron en tromba a denunciar “situaciones de amenazas y acoso” que la magistrada presuntamente sufrió por su radicalidad punitiva con el político seriamente enfermo. Hoy guardan silencio.

Actores comunes: Conde Pumpido, Fernando Andreu, Dolores Delgado, Baltasar Garzón...

Lo cierto es que el ahora presidente de la Sala de la Audiencia que juzga a Camps, una vez más, fue uno de los tres magistrados que desde la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, desestimaron las legítimas alegaciones del defensor de Zaplana, y a quienes alcanza la censura anulatoria del Tribunal cuya presidencia ha estrenado recientemente Conde Pumpido. (También acompañó al juez Fernando Andreu, muy próximo a la actual Fiscal General Dolores Delgado y al suspendido Baltasar Garzón, en la causa contra el PP por la existencia de caja B)

Tal vez pecó de ingenuo este periodista cuando apreció como un simple gesto de maestro de escuela el traslado de asiento para Camps con motivo de las curiosas e indemostrables quejas de los que le acusan en su propio beneficio. Estuvo muy hábil su abogado sacándolo del foco mediático y situándolo discretamente -togado- a su vera.

Este baldón que el Constitucional arrea al magistrado es más que un simple tirón de orejas, y aunque no implique -hoy por hoy- un cambio en el sillón que ocupa sí introduce, de hecho, una sombra de hipotética parcialidad y un argumentario defensivo que los letrados Pablo Delgado y Belén Gil, muy probablemente, no desaprovecharán en sus alegatos.