Los funcionarios se oponen a la imposición del valenciano del Consell

El sindicato CSIF ha presentado alegaciones al borrador de decreto de exigencia del requisito lingüístico para el acceso a la función pública valenciana. La central sindical considera que la medida que pretende imponer el Consell “se debe más a la oportunidad política del gobierno actual que a una necesidad creada por la sociedad valenciana” y ha alegado para “intentar paliar las graves consecuencias del decreto”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) siempre ha defendido que la acreditación de nivel de valenciano sea un mérito y no un requisito para acceder a la Administración de la Generalitat. En este caso, ante la “falta de negociación” en Mesa Técnica y “dada la representatividad que nos avala en Mesa General, no podemos ni debemos, por responsabilidad ante los empleados públicos, dejar pasar la posibilidad de negociación en este foro”.

CSIF, ante la convocatoria de Mesa General esta semana, ha presentado por escrito alegaciones “que esperamos sean tenidas en cuenta”. En este sentido propone, por ejemplo, “una modificación de la disposición transitoria en el decreto para que hasta el año 2025 no sea exigible la acreditación de la competencia lingüística en los procesos cuyas ofertas públicas de empleo estén convocadas. Deberá incluirse en esta moratoria las bolsas de trabajo temporal que, por ese proceso selectivo, estén pendientes de convocarse”.

El sindicato recalca que “esta exigencia la realizamos por responsabilidad y seguridad jurídica hacia los aspirantes, para evitar que, ante el cambio de rumbo de Conselleria, se encuentren sin margen de tiempo para poder presentarse a las pruebas que les acrediten la competencia lingüística”.

La central sindical igualmente solicita que “se dote de capacidad a la Escola Valenciana d´Administració Pública para que no solamente pueda desarrollar los cursos formativos para la obtención del nivel competencial, sino que pueda examinar y acreditar dicho nivel para el acceso a la función pública”. El sindicato, a este respecto, recuerda las limitadas convocatorias de la Junta Qüalificadora y dificultades de inscripción.

El sindicato ha presentado hoy por registro de entrada diferentes alegaciones para que sean tenidas en cuenta de cara al debate del borrador del decreto en Mesa General. La central sindical reclama que, al contrario de lo que se ha producido hasta la fecha, exista “una negociación real”, y denuncia “la discriminación para los empleados públicos valencianos que supondrá el requisito lingüístico”.