Menores y desprotección administrativa

El día de navidad de 2018 entraba en vigor la "LEY 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la Infancia y la adolescencia".

Esta ley indica, en su Artículo 70, la Protección frente a prácticas deportivas dañinas:

1. Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor".

Este artículo deja muy claro, sin lugar a dudas y sin necesidad (ni posibilidad) de interpretación alguna, que las personas menores de 18 años no pueden acceder ni como espectadoras ni como participantes a actos taurinos. Mucho menos, los de lidia.

Además, la inobservancia de esta prohibición está incluida en el catálogo de infracciones que recoge el artículo 188 de la Ley. Así, tienen la consideración de infracciones graves:

"5. Permitir que los niños, niñas y adolescentes asistan o participen en espectáculos que tienen prohibidos o restringidos por la presente Ley."

Ley que concluye con la firma del President de la Generalitat, Ximo Puig I Ferrer y su indicación, en la última disposición:

"Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta Ley".

Sin embargo, durante la "feria" taurina que ha vuelto a parasitar la fiesta de las fallas, se ha permitido de nuevo el acceso de niños y niñas a actos de violencia extrema contra animales que se encuentran solos, sin posibilidades de escapar y en evidente situación de inferioridad.

Estos animales son torturados utilizando armas cortantes con las que atraviesan sus cuerpos. Rasgan sus músculos, parten sus huesos y tendones y atraviesan sus pulmones, de modo que acaban ahogándose en su propia sangre. Sangre que no deja de emanar de sus cuerpos, ni siquiera cuando son arrastrados, muertos o todavía moribundos, para ser reemplazados por el siguiente inocente al que someterán al mismo suplicio. Así, seis veces cada tarde. Seis animales torturados hasta su agónica muerte.

Reiteración de la violencia extrema contra un inocente, al que se tortura y ejecuta públicamente, en una demostración de dominio y superioridad, que es aplaudida por los asistentes, que celebran cada herida, cada golpe y cada muerte, convirtiendo en héroes a quienes han sido ejecutores del ensañamiento y la muerte.

Y los niños y niñas, a quienes infringiendo la ley se ha permitido acceder a la plaza, pasan a ser partícipes de ese espectáculo dantesco, asumiendo y normalizando, no que está bien, sino que es digno de reconocer con grandeza y de celebrar, el ejercicio cobarde de una violencia brutal sobre alguien acorralado, en desventaja y a quien se considera inferior.

Esta ley, podría haber sido un fantástico regalo de Navidad para los y las menores en particular, y para la sociedad en general.

Porque no olvidemos que los expertos no dejan de solicitar que se proteja a los/as menores alejándolos de la violencia taurina. La Convención sobre los Derechos del Niño es un Tratado Internacional de la ONU, de carácter obligatorio y vinculante por los estados que la ratifican, como España, por el que se reconocen los derechos humanos de las personas menores de 18 años.

Y en su último informe, el Comité de los Derechos del niño, incluía lo siguiente: "A fin de prevenir los efectos nocivos de las corridas de toros en los niños, el Comité recomienda que el Estado Parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como espectadores en las corridas de toros".

Sin embargo, y pese a la normativa, las reiteraciones de las personas expertas en la materia y pese a las denuncias de diferentes organizaciones del incumplimiento de la ley, a ninguna administración le importa que se vulnere la protección los menores de edad. Ni al sr. Ximo Puig, máximo representante de la Generalitat y firmante de la ley, ni a la sra. Aitana Más, consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, de quien depende la Dirección General de Infancia y adolescencia, ni al sr. Toni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia, organismo responsable de la plaza de toros ni al sr. Joan Ribó, alcalde del Ayuntamiento de Valencia, ciudad en que se ha vulnerado reiteradamente la ley a costa de parasitar su fiesta más relevante, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Las Fallas.

Ante una situación tan grave, sólo queda cuestionarse qué se esconde tras esta connivencia de las administraciones públicas valencianas, a todos los niveles, con la vulneración por parte del sector taurino, de forma reiterada y pública, de algo tan relevante para la sociedad, como son los derechos de la infancia y adolescencia.