Solo el 13% de los jóvenes valencianos logra independizarse

La emancipación juvenil en la Comunitat Valenciana se mantiene en el 13,4% en el primer semestre de 2022, por debajo de la media nacional 15,9%, debido a la precariedad laboral, los bajos salarios que perciben y el elevado precio de la vivienda. De este modo, es la segunda autonomía con menos gente joven emancipada solo por detrás de Cantabria.

Así, lo han puesto de manifiesto este jueves la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea G. Henry, y la vicepresidencia del Consejo Valenciano de la Juventud (CVJ), Esther Martínez, en una rueda de prensa para presentar el informe del Observatori de Emancipación Juvenil de la Comunitat Valenciana del primer semestre de 2022.

Al respecto, ha destacado que a pesar de la mejora de este indicador respecto del segundo semestre de 2021 (11,8%), estas bajas cifras se mantienen porque a los obstáculos principales hay que sumar los efectos de la inflación, que ha supuesto un encarecimiento generalizado de la vida y una pérdida de poder adquisitivo.

Así, aunque se ha reducido la temporalidad entre la contratación joven gracias a la reforma laboral del Gobierno central, el resta de indicadores de precariedad laboral continúan mostrando cifras "preocupantes": el 50,8% de las personas jóvenes que trabajan a tiempo parcial en el territorio valenciano lo hace de manera involuntaria ya que les gustaría hacerlo a jornada completa.

Además, el salario medio que perciben los valencianso menores de 30 años es de 805,88 euros, una cifra que refleja la pérdida de poder adquisitivo respecto del año anterior y que está por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (1.080 euros) y la media estatal (902,91 euros).

En cuanto a la subocupación, que representa a aquellas personas que trabajan menos horas de las que quieren o pueden, la cifra se sitúa en el 16,7%. Además, el 44,5% de la población joven asalariada está sobrequalificada para el trabajo que desarrolla.

De este modo, Martínez señala que la falta de trabajos de calidad, con contratos indefinidos a jornada completa para aquellas personas jóvenes que lo desean, y de salarios dignos que se correspondan con el coste real de la vida generan "inestabilidad económica e incertidumbre sobre el futuro, dos cuestiones que impiden poner en marcha el proyecto vital de miles de personas jóvenes de manera autónoma".

ACCESO A LA VIVIENDA

El otro gran obstáculo a la emancipación es la dificultad de los jóvenes que hay para acceder a una vivienda ya que debe destinar el 72,3% de su salario a pagar el alquiler si se emancipa en solitario y un 37,6% si comparte piso cuando la recomendación del Banco de España es que este gasto no supongo más del 30% del sueldo. Estas cifras han empeorado respecto a 2021 como consecuencia de la inflación y un crecimiento "desmesurado" del coste de la vida en comparación con los salarios de las personas jóvenes.

En concreto, se ha encarecido el precio del alquiler y de la compraventa de viviendas un 11,84% y un 5,69% respectivamente, así como el coste de los suministros básicos como el agua, el gas o la electricidad un 6,91%. Al mismo tiempo, la juventud valenciana ha perdido un 5,04% de poder adquisitivo en un año, puesto que los salarios han crecido mucho menos del que lo ha hecho los bienes y servicios si cogemos como referencia el Índice de Precios al Consumo (IPC).

Al respecto, han destacado "lo hitos importantes" conseguidos en la materia gracias al trabajo del CVJ con la Administración Pública, como el Bono Joven al Alquiler, el aumento de esta partida presupuestaria en 30 millones por parte del Consell; las ayudas a la adquisición de viviendas en municipios en riesgo de despoblamiento o la reserva preferente del 40% de la vivienda pública para jóvenes, pero desde el órgano de representación juvenil reclaman medidas "más ambiciosas".

"Los problemas de la juventud ya están en la agenda política y se ha avanzado en la búsqueda de soluciones, pero las cifras nos indican que no son suficientes", señalan. Por este motivo, desde el CVJ exigen que se ponen en marcha políticas que "produzcan cambios estructurales que tengan un impacto profundo" en el mercado laboral y de la vivienda, como es la regulación del precio del alquiler, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional o la prohibición de las prácticas no remuneradas.