Suspendido el juicio contra Camps por tercera vez
El juicio gafado contra el expresidente de la Generalitat se ha visto paralizado en tres ocasiones, una por problemas de acceso a documentación y dos debido a la huelga.
El expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps a su llegada a la Audiencia Nacional.
La Audiencia Nacional se ha visto obligada a suspender este miércoles el juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la 'Gürtel', debido a la huelga de funcionarios de Justicia.
Fuentes jurídicas confirman que el tribunal presidido por el magistrado José Antonio Mora Alarcón ha anunciado esta decisión sin llegar a abrir la sesión que estaba prevista que se celebrase en la sede de San Fernando de Henares. En este sentido, la vista oral se reanudará el próximo 23 de mayo.
Se trata de la segunda vez que la huelga de trabajadores de la administración de Justicia obliga a suspender este juicio después de que el tribunal se viese forzado a anunciar un parón 'sine die' el pasado 18 de abril. Y la tercera teniendo en cuenta que a principios de año se suspendió por los problemas en el acceso a la documentación que han sufrido algunas partes.
La vista oral se reanudó este martes con la declaración de testigos y estaba previsto que las sesiones se extendiesen durante este mes de mayo.
Cabe recordar que Camps se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel', del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.
Los 45.000 funcionarios exigen mejoras retributivas y su participación en la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa; todo ello, en el marco de la huelga con paros parciales y de jornada completa que empezaron el pasado 17 de abril para conseguir una subida salarial "en línea" con la de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que lograron un incremento de hasta 450 euros al mes.