El Gobierno valenciano tiene 7 altos directivos ilegales en empresas públicas
La Generalitat se salta su propia ley y nombra directivos en su entramado público por encima de la norma para poder colocar afines a los partidos del Botànic cobrando buenos sueldos
La consellera Raquel Tamarit, responsable de Museos de la Generalitat
El Gobierno de Ximo Puig integrado por el PSOE, Compromís y Podemos ha recurrido a las empresas públicas de la Generalitat Valenciana para colocar cargos y personas afines. Y no sólo eso, sino que estaría cayendo en una ilegalidad que podría tener consecuencias jurídicas al estar saltándose su propia ley del sector público al estar nombrando altos directivos por encima del número máximo permitido.
En concreto, siete empresas públicas de la Generalitat estarían incurriendo en ilegalidades, afectando a tres consellerias: Innovación y Universidades, Educación y Hacienda. Esta última conselleria, la de Hacienda, es la que por cierto admite la existencia de estos directivos ilegales en respuestas parlamentarias al diputado que más iniciativas presentó en la legislatura que ha concluido Luis Arquillos, tal como refleja la documentación a la que ha tenido acceso ESdiarioCV.
La norma es muy clara: según el decreto 95/2016, las empresas públicas de la Generalitat se clasifican en tres tipos: uno, dos y tres, y según la clasificación que tengan, pueden tener un número máximo de altos directivos, número que sólo pueden aumentar si lo autoriza el pleno del Consell. Pues esta norma tan clara se la saltan y hay varios directivos ilegales cobrando un contrato de alta dirección -es decir, un buen sueldo- por encima de la ley.
Así, en la Sociedad Proyectos Temáticos hay dos altos directivos -un director y un adjunto- cuando la ley sólo permite uno, en CIEGSA hay uno -en este caso no está clasificada y no se sabe cuántos puede tener-, en el Instituto Valenciano de Arte Moderno hay tres altos directivos -directora, adjunta y gerente- cuando sólo se pueden dos, en CulturArts hay cuatro altos directivos -director general, directora adjunta de cultura y música popular, director adjunto de artes escénicas y director del coro de la Generalitat- cuando la ley sólo permite tres.
En el Palau de Les Arts hay cuatro altos directivos -director general, director artístico, adjunto de dirección artístico y adjunto de recursos- cuando la ley sólo permite tres, en Circuito del Motor hay dos altos cargos -director general y adjunto- y sólo se puede uno, y en Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones y Certificación hay dos directivos -gerencia y vicegerencia- cuando sólo puede haber uno.
En todos estos casos no ha sido autorizado el directivo adicional por el pleno del Consell y suelen ser adjuntos o vicegerencias, una trampa para meter un alto directivo más para hacer el trabajo que se supone que ya realiza otro. Es curioso, además, como la Conselleria de Hacienda, que clasifica las empresas públicas, no sólo no controla que la ley luego se cumpla, sino que además se la salta ella misma con un directivo de más en y Servicios de Telecomunicaciones.
No sería de extrañar que esta situación termine en Antifraude o en manos de la Fiscalía por incumplimiento de la legalidad cometido por cargos de la Administración. Un claro ejemplo, según las fuentes consultadas, de utilización de la Administración para beneficio personal de sus dirigentes que además de causar un perjuicio económico supone un acto de impunidad y abuso por parte del Gobierno al utilizar el entramado público, para no pocos, "sobredimensionado".