La Comunitat encabeza el ranking de ciberdelincuencia en España

El Balance de Criminalidad, correspondiente al primer trimestre del año 2023, recoge la evolución de la criminalidad en España registrada durante los tres primeros meses del año por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El número total de infracciones penales registradas en el período enero a marzo de 2023 suma un total de 588.785 delitos, de los que 480.906 (81.7% del total) se corresponden con la categoría de criminalidad convencional (consideradas aquí todas las formas de criminalidad no cometidas en el espacio ciber, y que presenta una variación del 5,8% sobre 2022), en tanto que la cibercriminalidad (107.879 infracciones penales, el 18.3% del total), presenta un incremento del 13,8% sobre 2022 (en este Balance se incluyen datos de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el Bloque II de la Cibercriminalidad, incluyendo datos de Policías dependientes de las Comunidades Autónomas).

Por tanto, en el período de enero a marzo de 2023, y en comparación con igual período de 2022, la criminalidad total registrada policialmente en España ha crecido un 7,2%.

Por tipos penales, el indicador de las estafas informáticas (96.561 delitos, que representan el 89,5% de toda la cibercriminalidad y el 16,4% de toda la delincuencia registrada de enero a marzo) presenta un incremento del 13,7% sobre el mismo período de 2022.

Para comprender mejor todavía la evolución de la cibercriminalidad, y su impacto sobre el conjunto de la criminalidad, las estafas informáticas representaron la cantidad anual de 336.778 delitos en 2022 y 70.178 hechos registrados en 2016, ambos años con datos del conjunto de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Eso implica que, en apenas seis años, las estafas informáticas conocidas en el año 2022 crecieron un 379.9% sobre las registradas en 2016.

Evolución de las estafas informáticas - MINISTERIO DE INTERIOR

Comunidad Valenciana

Quisiera poner el acento sobre los datos de crecimiento de la cibercriminalidad en nuestra comunidad ya que, son muy preocupantes. En números totales se sitúan 5 puntos por encima de la media nacional. Destacan, sin lugar a duda, el crecimiento de los delitos de tráfico de drogas (+41%), ciberdelitos (+39%) y homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa (+ 33,3). Pero permítanme que me centre en el cibercrimen, que es donde puedo aportar. Sin embargo, antes, vamos a conocer datos de las 3 provincias y de sus respectivas capitales.

Castellón

En la provincia de Castellón el cibercrimen ascendió un 48% y en su capital un 48,7%, siendo la provincia y la capital que más sube de las tres en nuestra comunidad.

Alicante

En la provincia de Alicante subió un 39.9 % y en su capital tan solo un 14,8%, situándose segunda en el ranking.

Valencia

En la provincia de valencia se elevó al 37.3% y en su capital ascendió hasta 19.3% de incremento de ciberdelitos. También cabría destacar el incremento, espectacular (110%), del tráfico de drogas en la ciudad. Preocupante sin duda.

En una primera lectura se podría pensar que, como la (ciber)seguridad es competencia exclusiva del estado, estas estadísticas no fueran con nosotros y que solo afectan al Ministerio del interior. Craso error. Podemos y debemos hacer algo más de lo que estamos haciendo desde nuestras competencias autonómicas y locales. Hablo de información, divulgación, inteligencia y, por supuesto, prevención del delito. Mucho por hacer si existiera voluntad política.

Entiendo que la nueva administración encabezada por Mazón acaba de llegar. Entiendo, por supuesto, que la (Ciber)seguridad no esté en la agenda inmediata y si esté la economía, el empleo, educación, etc., pero no sé durante cuánto tiempo la ciudadanía podrá aguantar sin ayuda de nuestras administraciones. Los datos son más que alarmantes, tanto que podrían exigir un cambio en la agenda de prioridades. Es más que necesario que desde la administración autonómica y local se generen “oficinas” de ayuda directa de las ciberestafas y al resto de cibervíctimas del cibercrimen. Están solos. Estamos solos.

Desde la propia administración, (no solo lo hacen los bancos) se obliga a comunicarse con ella desde internet. Es por lo tanto razonable exigir que la propia administración tome medidas para prevenir el ciberdelito, concretamente las ciberestafas, y no me refiero a las medidas de seguridad lógicas internas de la propia administración, que también (véase el fraude del CEO de la EMT de valencia, 4M€ estafados), me refiero a ayudar a los ciudadanos que se ven obligados por la propia administracion y la banca a “naufragar”, sin opción alguna, por internet. Los malos lo saben y se aprovechan de la inacción de nuestros políticos, y, por ende, de las administraciones que gobiernan.

El gran reto para Mazón y Catalá: la ciberseguridad

Los ordenamientos jurídicos modernos consideran la seguridad como un derecho, individual y colectivo, de las personas. En ese contexto se enmarca la seguridad ciudadana, entendida y relacionada con la tranquilidad de las personas, con la ausencia de perturbaciones en su desarrollo normal y vital, encomendándose su protección y planificación a las autoridades.

Sin riesgo a equívocos, el progreso y el bienestar de la sociedad ha de ser la base sobre la que se alcen las ciudades y nuestras comunidades autónomas, para lo cual deviene en imprescindible la seguridad, lo que conlleva la puesta en marcha de las acciones pertinentes para su consecución.

No podemos olvidar la ciberseguridad pública, entendida como seguridad ciudadana. La evolución de las tecnologías de la información y de la comunicación (especialmente con el desarrollo de Internet) ha hecho que las redes y sistemas de información desempeñen un papel crucial en nuestra sociedad, siendo su fiabilidad y seguridad aspectos esenciales para el desarrollo normal de las actividades económicas y sociales. En este sentido, las ciberestafas e incidentes que afecten a aquellos, especialmente a la ciudadanía, alterarán dichas actividades, representando una amenaza, pues (independientemente de su naturaleza) pueden menoscabar la confianza en el sistema, generar pérdidas financieras, causar graves daños a la economía y a la sociedad. Afectando a la propia seguridad personal y familiar de los ciudadanos.

Sería lógico pensar, que se debería tener muy en cuenta esta tipología delictiva y a sus víctimas, ¿verdad? Y más, cuando la cifra del cibercrimen equivaldría a ser un país miembro del G7. Pues no es así. Por lo menos en nuestras capitales de provincia o a nivel autonómico. Debemos de recuperar el tiempo perdido.

En ocho años la evolución de las ciudades, en cuanto a implementación de sistemas de protección frente al terrorismo, la delincuencia común, la lucha contra el fraude y la corrupción y el (ciber) crimen organizado o la violencia de género, entre otros, ha sido máxima y exponencial. Mientras, nosotros, en nuestra comunidad y sus ciudades, permanecíamos inmóviles frente a esta revolución en materia de diseño, inteligencia, gestión, prevención, divulgación, información y represión.

Ciudades como Málaga, que llevan apostando años por los congresos (Ciber)tecnológicos o su lucha contra el terrorismo, siendo ejemplo en implantaciones de modelos de prevención de radicalización juvenil violenta o las comunidades, vasca y madrileña con las creaciones de agencias de ciberseguridad, con una clara orientación al ciudadano y al tejido empresarial privado y a sus víctimas, me producen una envidia (sana) sin límite, ya que en Valencia estamos sobradamente preparados para hacer eso y mucho más. Tan solo hay que tener voluntad política.

Sra. Catalá, Sr. Mazón tengan voluntad para ayudar a los más de 100.000 valencianos que son víctimas del cibercrimen y no tienen a donde ir, ni quien les ayude. ¡Ayúdenles! Sean pioneros adelántense a los acontecimientos. Dejen sus encuestas, dejen sus políticas macro y estadísticas y bajen al asfalto. A la realidad de miles de valencianos que han sido estafados y no los escucha, ni les ayuda nadie.