El perito de la Intervención General del Estado exculpa a Camps
Sostiene que el ex presidente no era órgano de contratación y por tanto no se le pueden atribuir contratos que pudiesen hacerse en la Administración.
Francisco Camps, ex presidente de la Generalitat.
El juicio por los contratos menores de la trama Gürtel sigue avanzado en la Audiencia Nacional con la comparecencia de nuevos testigos. En la última sesión han compartido banquillo el périto de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y el letrado José Emilio Torrejón. El primero, llamado por la fiscal y a preguntas de ésta, ha reiterado que el ex presidente Francisco Camps “como el presidente del Gobierno o los presidentes de la Comunidad de Madrid por razón de su cargo y la legislación que los regula no intervienen en los contratos de las administraciones".
Así reitero en varias ocasiones que el Camps no era órgano de contratación y por tanto no se le
pueden atribuir contratos que hayan podido hacerse en la Administración con independencia de que estuviesen bien o mal ejecutados.
El interventor de la IGAE ha desgranado el informe que hiciera en 2010 y las correcciones y ampliaciones del mismo a petición del Juez de instrucción. Ha puesto de manifiesto que lleva realizados unos 40 informes de la operativa utilizada por las empresas del imputado Francisco Correa en la contratación con distintas comunidades autónomas, incluida la valenciana.
Asimismo ha explicado los 26 contratos por el estand de Fitu 2009 que han levado al banquillo a Camps y otras 25 personas.
Ha preguntas de la acusación, designada por Ximo Puig cuando fuera presidente de la Generalitat, ha dejado claro que no ha valorado que haya existido perjuicio patrimonial para la Administración en los términos previstos en la modificación del Código Penal vigente.
El letrado de la Generalitat José Emilio Torrejón ha estado durante toda la sesión esperando a ser
preguntado pero la a fiscalía ha rehusado pedirle aclaraciones a su informe tras haberse ratificado el mismo. El informe de Torrejón, de 2010, igualmente defiende la legalidad de las contrataciones y discute fundamentalmente el criterio de fraccionamiento de la Fiscalía y la IGAE.
Al funcionario se le ha visto incómodo y aburrido, ataviado con una camiseta deportiva negra. La polémica en su intervención surgió cuando puso de manifiesto ante el tribunal que no quería comparecer en juicio por haber efectuado un informe que no estaba destinado al juicio, sino que se elaboró en su día a requerimiento de la abogada General de la Generalitat Isabel Villalonga quien fue su superior jerárquico.