Aixó qui ho paga!
Pasaron a ser acusación y perdieron el caso. Y ahí está cerca del millón de euros al que tendrá que hacer frente en minutas.
El expresidente Francisco Camps anunció que se querellaría contra la jueza al atribuirle su procesamiento por la F1.
La anécdota la contaba Baltasar Porcel. Cuando invitaban a Josep Pla a un convite, sorprendido preguntaba: “aixó qui ho paga? Si bien no existe paralelismo entre la anécdota de Pla y a lo acaecido con el pago que la Abogacía de la Generalitat Valenciana, cerca de 800 mil euros, deberá realizar en breve, bien estaría que a los que la involucraron en ese pago se les preguntara, ahora: aixó qui ho paga?
La cosa viene por la minuta que la Abogacía de la Generalitat tendrá que hacer frente a favor de las defensas por la absolución en el Tribunal de Cuentas de los en su día encausados en el Caso de la Formula 1, ya antes absueltos de todos sus cargos por lo penal. Fue la obsesión de El Botànic en acusar a Simó, Johnson, Lobón y un largo etc. todos ellos responsables en su día de la Conselleria de Cultura y Turismo en la Generalitat Valenciana presidida por Francisco Camps.
Utilizaron a la Abogacía de la Generalitat como acusación particular sin medir las consecuencias. Ni procesales, ni profesionales, ni pecuniarias. Instancia tras instancia judicial, penal y jurisdiccional del Tribunal de Cuentas, la Abogacía siguió las ordenes de persecución de los altos cargos del PPCV, no cejaron en el empeño y no se hicieron cargo de su defensa, más bien al contrario: pasaron a ser acusación y perdieron el Caso. Y ahí está cerca del millón de euros al que tendrá que hacer frente en minutas.
Pero el Caso de la Formula 1 no es el único. El presidente Francisco Camps lleva más de una década ganándoles a los de El Botànic en los Tribunales. Más de 200 cargos públicos del Partido Popular acusados por El Botànic, en distintos niveles de responsabilidad, han sido absueltos en estos ocho años después de dilaciones indebidas en más de una década, juicios aplazados, carreras profesionales y políticas abortadas, haciendo frente a una larguísima “pena de banquillo” donde el coste global de las minutas ya asciende a mas de 20 millones de euros. Paradigmático es el caso de Rita Barberá.
En el prologo del libro “El Lawfare” de Arantxa Tirado, ésta se refiere al “Informe del encuentro de expertos en Cleveland sobre el 11 S y sus consecuencias,” del año 2010, convocados por El Pentágono donde describe el lawfare, traducido “guerra judicial”, como “la herramienta que persigue la victoria en un campo de batalla de relaciones públicas, paralizando política y financieramente a los oponentes o inmovilizándoles judicialmente para que no puedan perseguir sus objetivos ni presentar sus candidaturas a cargos públicos”. Táctica utilizada para desplazar del Gobierno de los países amigos de los EE.UU. a aquellos que no lo eran tanto.
Lo que ya sabíamos. Los partidos de El Botànic no fueron capaces de ganar en 25 años de elecciones en la Comunidad Valenciana y tuvieron que utilizar tácticas de “guerra judicial” para alcanzar la mayoría en las Cortes Valencianas, y en coalición de gobierno, por un precio abusivo y escandaloso. Y la pregunta es obvia: aixo, qui ho paga?