Juicio a Camps: "Mal ambiente y las conjeturas indemostrables" de la Fiscalía

En la última sesión pública de la vista que se sigue en la Audiencia Nacional contra cuatro decenas de imputados, enmarcada en el famoso Gürtel, el abogado de Francisco Camps, Pablo Delgado, ha desgranado -entre irónico y ceremonioso- un largo relato de hechos trascendentes, oponiéndolos a lo que ha denominado 'ambiente' para referirse al conjunto de conjeturas atemporales e inexactas que soportan las conclusiones del Ministerio Fiscal. Recordamos que esta sesión se enmarca en la famosa Gürtel, entre los que se encuentra la cúpula empresarial del grupo Correa -y de su terminal valenciana Orange Market- con especial protagonismo de Álvaro Pérez (el Bigotes) y casi una treintena de empleados públicos y políticos populares, incluidos tres miembros del Gobierno valenciano y el propio presidente Francisco Camps, quien ha estado allí durante un par de horas y entre buchitos de agua cortésmente anunciados.

Reiterándose en las cuestiones previas manifestadas el primer día -han pasado nueve meses- entre las que destaca la tardía e irregular incorporación de su patrocinado a esta causa y la vulneración sistemática del derecho de defensa y de la directiva europea (que no es, a su juicio, recomendación sino trasposición de obligado cumplimiento) ha llegado a tildar de obsesión psicopatológica el proceder de sus titulares las fiscales Nicolás y Santamaría que, durante cuatro horas, aun habiendo rebajado su petición a un año de cárcel por la calificación delictiva de tráfico de influencias, utilizó palabras muy gruesas.

No ha ahorrado consideraciones propiamente políticas, las ampliamente documentadas sobre la dependencia orgánica de la Fiscalía General de las que en su momento alardeó el propio Presidente del Gobierno, sin necesidad de ser más explícito. Hasta llegar a preguntarse, retóricamente, si existe una diferencia procesal cualitativa entre “Gürtel y el resto del mundo”.

Ha ironizado con la rimbombante cita de Juvenal con la que la Fiscalía inició su relato acusatorio, aceptando y devolviendo, precisamente, el dardo de “quién vigila al vigilante” y poniéndola contra las cuerdas a propósito del caso Matas utilizado por comparación. En una estrategia tan sencilla como inteligente de desarmar la argumentación acusatoria, Delgado ha hecho patente una cuestión aparentemente técnica de enorme calado. La acusación particular, el PSOE, ha resumido adhiriéndose a las conclusiones de la Fiscalía orillando -o desistiendo- su propia argumentación y el Ministerio Fiscal se remite sin embargo, y como novedad, a la figura del tráfico de influencias en la que se centraban las conclusiones provisionales de los socialistas.

Dicho de otra manera: no hay causa. La acusación popular desiste de sus planteamientos iniciales para adherirse a las conclusiones definitivas de la fiscalía, que abandona las suyas para cambiarlas por las de su socio acusador. Creando en la práctica un vacío que el Tribunal deberá esclarecer.

Dicho de otra manera: no hay causa. La acusación popular desiste de sus planteamientos iniciales para adherirse a las conclusiones definitivas de la fiscalía

Las conformidades de la docena de procesados -fundamentalmente los relacionados con el grupo de Correa- han ocupado buena parte del alegato final de la defensa de Camps, oponiendo a su corroboración un sinfín de imprecisiones, ambigüedades, olvidos, ausencia de fechas y contradicciones que también el magistrado de la Mata -ha aprovechado para recordar que fue Director General del PSOE- deberá esclarecer. Y situar en su justa medida el derecho de los encausados para usarlas en beneficio propio sin necesidad de acusar a terceros.

La afirmación, sin respaldo documental o testimonial alguno, de que el entonces presidente del Generalitat Valenciana dio instrucciones verbales a la directora general Dora Ibars, contundentemente negado por la interesada, es quizás el indicador más palpable de ese “mal ambiente”, compendio de conjeturas indemostrables, de infamias y mentiras, que a criterio de la defensa, caracteriza el obsesivo relato que la Fiscalía Anticorrupción opone a la constatación imparcial de los hechos.

En su alegato final el ex presidente Camps ha agradecido al Tribunal y a los funcionarios su trabajo y ha expresado su confianza en la justicia. La causa ha quedado lista para sentencia. Las previsiones no parecen ser de que se alargue en exceso.