El Fiscal del caso Imelsa queda en evidencia: “Es cuestión de pruebas, no de fe”

La sentencia de la pieza del call center de la Diputación de Valencia, una de las causas del caso Imelsa, que absuelve al ex presidente de la Diputación, Alfonso Rus, al ex gerente de Imelsa y apodado el yonki del dinero, Marcos Benavent, y al resto de acusados, deja además en sus casi cien folios toda una serie de palos del juez de la Audiencia Provincial de Valencia tanto al fiscal, Pablo Ponce, como la UCO -la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que lucha contra el fraude-.

Desde la Audiencia Provincial se deja claro en la sentencia que “no hay una sola prueba que hable de instrucciones o indicaciones” de Alfonso Rus para montar el call center de la Diputación frente a las “duras acusaciones” de la Fiscalía, que hablaba de la “existencia de un grupo organizado supuestamente liderado por Alfonso Rus”, una acusación que según el juez carecía de prueba alguna.

El juez deja en evidencia la actitud del fiscal Pablo Ponce en el caso Imelsa y le recuerda que las acusaciones “no son una cuestión de fe sino de pruebas”, pruebas de las que el fiscal carecía contra Rus. La Audiencia Provincial también tiene palabras contra la UCO, a la que le señala que hizo “una investigación viciada basada en apriorismos” y que “todo les parecía sospechoso”.

La Audiencia Provincial absuelve por tanto a Alfonso Rus del caso del call center de Imelsa ya que “queda probado que no fue el autor de la idea, sino que lo fue el testigo José María Haro -entonces diputado de Hacienda-, y que la contratación del call center fue aprobada por el pleno de la Diputación de Valencia con el voto favorable de todos los partidos políticos, con excepción de Izquierda Unida” y recuerda que “no hay prueba de instrucciones, ni siquiera de indicaciones de Alfonso Rus, y no se ha hallado ni un solo correo electrónico u otra clase de comunicación de Rus dando órdenes”.

"Alfonso Rus no aprobó la propuesta, porque no le competía, sino que, en todo caso, dio luz verde para que se sometiera al pleno de la Diputación, aunque previamente hubo de ser objeto de informes tales como el de legalidad y el presupuestario", insiste la Audiencia Provincial en su sentencia frente a las acusaciones de la Fiscalía.