La querella por la que Ribó declaró en los tribunales es archivada
La juez que lleva caso considera que no existen pruebas suficientes que demuestren que los miembros del consejo de administración del puerto cometieran delitos de "fraude" o "prevaricación".
Imagen archivo Joan Ribó
El juzgado de instrucción número 17 de Valencia desestima la querella por "fraude" y "prevaricación" por la que todos los miembros del consejo de administración del Puerto de Valencia, entre ellos el exalcalde de Valencia, Joan Ribó, quien declaro el pasado 13 de noviembre, al considerar que el proceso no debe seguir adelante por una "mera sospecha" de la empresa denunciante, Intersagunto Terminales.
Todo se inició cuando en un concurso público la unión temporal de empresas (UTE) Noatum Terminales, Inversiones Algeposa y Boluda Lines, se benefició de la mayor adjudicación administrativa del Puerto de Sagunto. Para el denunciante, esto fue una decisión completamente "arbitraría", que llevo el caso a los tribunales y, además, interpuso una querella por "prevaricación" y "fraude", motivo por el cual Joan Ribó tuvo que sentarse en el banquillo como investigado.
La jueza encargada del caso considera que no existen los indicios necesarios para poder seguir con la investigación y, además, considera que la exclusión de Intersagunto Terminales del proceso de adjudicación se debería a un error cometido por la propia empresa a la hora de cumplir los requisitos del pliego que no corrigió pese a estar sobre aviso.
En declaraciones a ESdiario el día en el que se dio a conocer la noticia, Joan Ribó manifestó que se sentía "no tranquilo, sino muy tranquilo". También, incluso, llego a ironizar sobre el tema afirmando que estaba "muy contento" de declarar el próximo 13 de noviembre ante el juzgado junto con el resto de los imputados, entre los que se encuentran el expresidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez -cuyo cese se vincula con estos hechos-, el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto o el alcalde de Sagunto, Darío Moreno, ambos socialistas.
Además, la magistrada considera que, a pesar de que Vicente Boluda, miembro del Consejo de Administración de la APV, en representación de las organizaciones empresariales y nombrado por el Consell de la Generalitat Valenciana, estuvo en las sesiones en las que se votaron el Pliego de Bases y Pliego de Condiciones Generales y Particulares del Concurso Público para otorgar la concesión, él, no tuvo ningún tipo de influencia en este proceso más haya que la que le da su puesto en el consejo.
