Les Corts investigarán las "irregularidades" en la etapa de Ximo Puig
PP y Vox promueven una comisión de investigación por posibles "fraudes" y "enchufes" en el sector público y el PSPV pone en duda la veracidad de la auditoría
Los portavoces de PP y Vox, Miguel Barrachina y José María Llanos, en Las Cortes Valencianas.
Las Cortes Valencianas investigarán las irregularidades en la gestión de Ximo Puig durante su mandato ante "posibles fraudes" en el sector público que detectó de la Intervención General. PP y Vox han solicitado abrir una comisión de investigación en el parlamento valenciano con el objetivo de esclarecer posibles delitos y depurar "responsabilidades" al anterior gobierno del Botànic (PSPV, Compromís y UP).
El anuncio del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de la puesta en marcha de una auditoría para analizar "todas las facturas" ante las sospechas de posibles irregularidades, el proyecto se ha materializado un día después en una iniciativa parlamentaria. El PP quiere que los valencianos conozcan la verdad" después de que trascender que 50 de las 54 empresas públicas presentan irregularidades, como avanzó ESdiario.
"La gente tiene derecho a saber por qué mientras se les aumentaban impuestos subía el sector público instrumental un 47%", ha reivindicado el portavoz del PP, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa para presentar la comisión de investigación en una puesta en escena junto con Vox.
"Todo parece indicar que las empresas públicas han sido un nido de enchufismo y amiguismo, y queremos aclararlo", ha declarado el síndic del PP alineado con la tesis del presidente expuesta el día anterior por el Carlos Mazón.
El portavoz de Vox, José María Llanos, ha denunciado el incremento de contratos "a dedo" a cargo "del bolsillo de los valencianos" y pone como ejemplo el caso de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE): "Sin dotación presupuestaria, sin informe, sin ubicación laboral de casi 2.00 nuevos empleos públicos que gracias a Dios se pudo frenar, pero hablamos de 253.000 contratos menores, 713 millones de euros".
La comisión analizará las contrataciones y las facturas desde 2016 hasta 2023 y tratará de esclarecer si, como apunta Barrachina, de esta "práctica generalizada de amiguismo y malgasto" se deriva alguna responsabilidad política. El calendario de la comisión prevé en el plazo máximo de dieciocho meses para investigar el caso y exponer un dictamen definitivo para ser aprobado en Les Corts.
No será esta la única investigación que se cierna sobre la gestión del Botànic. Con el cambio de Gobierno y ahora con los votos del lado de PP y Vox, los anteriores esfuerzos para bloquear investigaciones relativas al casos incómodos para el PSPV llega a su fin. Las peticiones de comisiones sobre Azud o a las concesiones a la familia de Ximo Puig podrán salir adelante próximamente.
"Guerra sucia"
El PSPV ha reaccionado a lo que ha valorado como una "guerra sucia" de Mazón negando cualquier tipo de irregularidad en la etapa de Ximo Puig como presidente. Mazón ya advirtió que se depurarán "responsabilidades administrativas y penales" en caso de detectarse fraudes como desliza la Intervención General, y los socialistas se han mostrado preocupados por el resultado de los futuros informes de la auditoría que se llevará a cabo para analizar todas las facturas.
Pese a que la auditoría encomendada por el Gobierno valenciano estará coordinada por la Intervención General, sostienen que la externalización "se traduce en pagar hasta conseguir el resultado que les interese", en palabras del portavoz socialista, José Muñoz, quien ha acusado al propio residente de la Generalitat de "utilizar los recursos públicos" -relativos al coste de la auditoría- "para financiar una operación Kitchen".