Una millonada perdida por la inacción total del Botànic en dependencia
El anterior gobierno vuelve a dejar tirados a dependientes, discapacitados y mayores porque no tenía ningún plan para los fondos de accesibilidad que ahora se tendrán que devolver.
Aitana Mas (Compromís), Ximo Puig (PSPV) y Héctor Illueca (UP) en el anterior Consell de la Generalitat / 2022.
La Generalitat Valenciana tendrá que devolver 4'8 millones de euros al Ministerio, correspondientes a una partida de ayudas para la dependencia ante la inacción del anterior gobierno del Botànic (PSPV, Compromís y UP). El Ministerio ha emitido un requerimiento, según ha podido saber ESdiario, exigiendo la devolución de estos fondos dedicados a inversiones de accesibilidad tras no haber sido capaces de planificar ni ejecutar ni un euro del plan en dos años.
El 10 de diciembre de 2021 el Ministerio concedió a la Conselleria de Compromís una línea de subvenciones directas para "reforzar la atención a la dependencia" con el plan "nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia". Concretamente, los 4'8 millones de euros asignados a la Comunidad Valenciana estaban pensados para financiar a particulares, comunidades de propietarios, así como las obras y reformas de parques, vías, viviendas de titularidad pública y privada, entre otras inversiones, enfocadas para darles accesibilidad física y sensorial.
El Botànic nunca llegó a usar estos fondos que ahora tendrán que reintegrarse. En dos años, desde la concesión en 2021 hasta que finalizó el plazo 2023, el anterior Gobierno ni siquiera llegó a poner sobre el papel ni a planificar ninguna actuación, por lo que no se llegó a ejecutar ni un euro de las subvenciones del Ministerio. El pasado marzo, el Ministerio solicitó la documentación justificativa del uso de estos fondos. Sin embargo, el Botànic no presentó nada, ya que no había realizado ninguna acción que pudiera ser documentada. El grado de desidia del gobierno anteri fue tal que ni se solicitó una prórroga para salvar los 4,8 millones
La Secretaría de Estado ha vuelto advertir a través de un requerimiento. Este exige de nuevo la presentación de la documentación justificativa o, en su defecto, como es el caso, la obligación de reintegrar los 4,8 millones de euros.
Esta pérdida millonaria es solo un caso más de lo que al Botànic se le ha atragantado en más de una ocasión: la gestión de los servicios sociales. No solo no se han gestionado las ayudas para mejorar el día a día de las personas mayores, discapacitadas o dependientes. Cada año, el Síndic de Greuges amedrentaba a la Conselleria de Compromís, que acumulaba cientos de quejas, primero con el mandato de Mónica Oltra y después de su sucesora Aitana Mas. Desde las "carencias" en la gestión de menores, "vulnerar" el derecho a la vivienda pública, problemas en las concesiones de la Renta Mínima, el colapso del sistema de acceso a la salud mental... Y los efectos de su inacción se arrastran todavía causando perjuicios.
La consellera de Igualdad y Asuntos Sociales, Susana Camarero, se reunía este mes en Madrid con responsables del Ministerio para tratar de buscar una solución a la envenenada herencia. Sin embargo, desde el Gobierno de Pedro Sánchez se mantuvo que el dinero, los 4,8 millones, se perderán ya que el Ejecutivo de Ximo Puig no había solicitado una prórroga y sorprendentemente no había ejecutado hito alguno del proyecto.