Ley de Libertad Educativa: padres elegirán lengua y no se impondrá valenciano
PPCV y Vox presentan la reforma de la elección de lengua en la educación donde se preguntará a los padres: “se acabaron los sectarismos, ninguna persona ni territorio se verá discriminado”
Festival de leyes y reformas del gobierno de PP y Vox en la Comunitat Valenciana. Los portavoces de los dos grupos parlamentarios han presentado cinco proposiciones: la Ley de Libertad Educativa, la Ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, la Ley de Concordia, la reforma de la Ley de Transparencia e Incompatibilidades y la reforma de la Ley de la Agencia Valenciana Antifraude.
Uno de los principales asuntos, la Ley de Libertad Educativa, cambiará el modelo de elección de lengua en la educación de la Comunitat Valenciana frente a las leyes del Botànic que “imponían el valenciano”. “Con esta ley vuelve la libertad de los padres para elegir cómo quieren que aprendan sus hijos”, ha subrayado el secretario general del PPCV, Juan Fran Pérez Llorca.
Pérez Llorca ha indicado que “la imposición del valenciano ha hecho mucho daño a la lengua. La libertad de elegir un centro no es un eslogan, es un derecho. Con esta norma eliminamos la imposición del valenciano que tanto daño ha hecho por la promoción del mismo”.
La nueva Ley de Libertad Educativa preguntará a los padres qué lengua quieren para la educación de sus hijos con un sistema de encuestas. Cuando las familias accedan a un nuevo centro, elegirán a través de una consulta la lengua base para su educación.
Una vez se conozca el porcentaje de familias que opta por cada lengua base en cada curso y centro escolar, se determinará cuántos grupos se ofertan en cada lengua base. Ese porcentaje de familias se actualizará anualmente al inicio de la escolarización en Educación Infantil, en primer curso de ESO y en primer curso de Bachillerato.
Exención de zonas castellanohablantes y facilidades para el título de Valenciano
Entre las novedades de la Ley de libertad Educativa se encuentra la exención del valenciano en las zonas castellanoparlantes donde los alumnos tienen que aprender la lengua, pero no tendrán por qué examinarse en ella. Tienen derecho a examinarse en valenciano o castellano, sustituyendo así la imposición por la promoción.
En cuanto al profesorado, el valenciano será mérito y no requisito en formación profesional y enseñanzas de régimen especial. De la misma manera, el profesorado que imparta docencia en lengua extranjera como el inglés tendrá ciertas preferencias como la elección de turnos y horarios.
Además, se dará facilidades para obtener los títulos de valenciano sin tener que hacer el examen de la Junta Cualificadora (JQCV): se dará el A2 de valenciano al superar la asignatura de Valenciano los cursos de Educación Primaria, el B1 al superar la materia de Valenciano en los cuatro cursos de ESO, o en tres cursos de ESO y en primero de Bachillerato, el B2 al superar la materia de Valenciano en los dos cursos de Bachillerato y el C1 si sacas la asignatura de Valenciano los dos cursos de Bachillerato con una media de la asignatura igual o mayor a un 7, un notable.
Reforma de la ley de À Punt
PP y Vox también han metido mano a la maraña legal de la actual corporación empresarial de À Punt, la radiotelevisión pública valenciana. Juan Fran Pérez Llorca ha señalado que con la nueva Ley del Sector Audiovisual “se pretende avanzar en una televisión moderna, ágil, adaptada a los tiempos que corren. Con esta ley pretendemos ser más eficaces, profesional y competitiva”.
“Tenemos que aspirar a que sea una televisión de todos los valencianos y que en las zonas castellanoparlantes también la sientan como propia. Esta ley se adapta a la ley que regula y se asimila al resto de televisiones autonómicas. Las modificaciones se realizan atendiendo a las peticiones de la propia corporación y ahora se abre un proceso de participación en la tramitación de la ley”, ha considerado el secretario general del PPCV.
El portavoz de Vox, José María Llanos, ha explicado que “desaparece la dualidad que había entre la corporación y la sociedad y se crea una sociedad pública en la que primarán los principios de objetividad, excelencia, mérito y control presupuestario. Vamos a intentar tener una radiotelevisión pública del siglo XXI”.