Amnistía: el Estado de la cuestión tras el informe de la Comisión de Venecia

¿En qué medida queda afectado el gobierno español por el informe de la Comisión de Venecia?

En primer lugar, aclarar que la Comisión de Venecia no forma parte de la Unión Europea. Se trata de un órgano consultivo perteneciente al Consejo de Europa, organización internacional distinta de la realidad supranacional de la Unión Europea. Por tanto, del mismo modo en que no va a entrar a evaluar la constitucionalidad de la propuesta de amnistía, tampoco va a realizar una evaluación de la misma conforme al Derecho de la Unión Europea.

El informe constituye una mera opinión emitida conforme a los estándares europeos relativos a la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho. Como opinión que es, ésta reviste un carácter meramente consultivo. Quizá de ahí la escasa atención prestada por parte del Gobierno español en adaptar el texto de la amnistía a las recomendaciones que se desprendían del borrador previo emitido por la Comisión de Venecia. Por no decir que la atención ha sido nula, dado que tanto el ámbito material como temporal de la amnistía han sido ampliados.

Querría señalar, en todo caso, que la falta de fuerza vinculante del informe no obsta para que se admita la rigurosidad del mismo. Mirar hacia otro lado y afirmar lo contrario es de necios. Si Pedro Sánchez lo hace se debe fundamentalmente por dos razones: Primero, porque es él quien parece carecer de principios y valores consigo mismo, quizá de ahí que no quiera velar por los principios y valores compartidos con nuestros socios europeos. Y segundo, porque si me dieran a elegir entre si el pronunciamiento de la Comisión de Venecia es bueno o malo en relación con la proposición de ley de amnistía, te diría que ha sido pésimo. Carga fuertemente contra la proposición de ley.

Se entiende que todos los partidos de un estado democrático como el nuestro respetan, la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho. ¿Por qué afirma que el gobierno mira hacia otro lado?

Esta semana, comentando con otros profesores del CEU San Pablo, recordábamos como cuando D. Marcelino Oreja Aguirre, de quien todos hemos tenido la fortuna de aprender mucho durante su etapa como presidente del Real Instituto de Estudios Europeos, firmó en Estrasburgo la adhesión de España al Consejo de Europa en 1977. En ese mismo viaje le acompañaban figuras como Felipe González o Santiago Carrillo. Esto quiere decir que, como es lógico, en aquel entonces había un consenso absoluto entre los distintos colores políticos en lo concerniente a la protección del estado de derecho, la democracia y los derechos humanos.

A día de hoy, por desgracia, este consenso ya no es observable, ni siquiera dentro del propio Partido Socialista. Por supuesto, hay un enorme sector socialista que no comulga en absoluto con el desprecio al Estado de Derecho que demuestra su secretario general. De ahí el sanchismo, y que el PSOE deba renovarse para ser el partido de dialogo que conocimos tras la transición.

La Comisión de Venecia dice que es necesario tiempo suficiente para que haya un dialogo significativo. ¿Cree que hay falta de diálogo?:

Hay una falta de diálogo absoluta. Por supuesto. Aquí el canal de “comunicación” es unidireccional. El independentismo es quien exige y el Gobierno central asiente con la cabeza. ¿A cambio de qué? A cambio de todo aquello que haga falta para seguir en el poder, aunque haya que ir regalando lentamente la norma suprema de nuestro ordenamiento.

Ahora bien, también digo que si no hay diálogo no es por falta de voluntad del Partido Popular. Sin ir más lejos, esto es observable, con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Recuerdo en este sentido lo que hace unas semanas decía Esteban González Pons, al subrayar la dificultad de llegar a un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial con quien está rompiendo la división de poderes. Voluntad hay, pero Sánchez y su amigo del alma, Félix Bolaños, deben elegir entre estar con los jueces o contra ellos.

Y en lo que a la amnistía concierne, tres cuartos de lo mismo, si no la Comisión de Venecia no estaría pidiendo poner fin al procedimiento de urgencia y a su tramitación como proposición de ley. Europa está perpleja ante esto, de ahí que informe final pida que este tipo de normas sean adoptadas por una mayoría cualificada amplia.

La gente mira a Europa con decepción. ¿Qué les dirías al respecto?:

Es clave escuchar al conjunto de la sociedad civil. Comprendo que dado el momento por el cual se nos está haciendo pasar, con el país al borde del mayor de los abismos, todos miremos hacia la UE en busca de respuestas. Pero resulta esencial que el ciudadano adopte su opinión con la mayor información posible. Y que esta información sea veraz.

Por un lado, subrayar la voluntad de la UE por consolidarse como unión de valores. La protección de los derechos fundamentales, así como de los valores de la UE ha sido un proceso lento fruto del esfuerzo de décadas. No obstante, los mecanismos de los que disponemos a nivel supranacional están desafortunadamente algo descafeinados. Esto a lo que me refiero se observa claramente en el artículo 7 TUE, previsto para suspender determinados derechos de membresía del estado infractor en el Consejo de la UE, donde la unanimidad en el Consejo Europeo para constatar la existencia de una violación de los valores de la UE resulta ser un mecanismo arcaico una vez más. El Reglamento de Condicionalidad de los fondos resulta ser más efectivo, pero no suficiente. Por tanto, no se trata de un problema de inacción por parte de la UE, sino de falta de instrumentos eficaces para hacer frente a este tipo de situaciones a nivel supranacional. No es pues “culpa de Europa”, sino que hay una falta de más Europa, y por supuesto, de una mejor Europa.

Por otro lado, resulta esencial entender el equilibrio entre las distintas fuerzas dentro del marco institucional de la Unión. No podemos achacar al Parlamento Europeo la falta de un buen “estirón de orejas” al Gobierno de España por parte de la Comisión. El Parlamento Europeo está cumpliendo con su labor de control y presión sobre la Comisión Europea para que ésta entre a evaluar la amnistía. Es el Grupo del Partido Popular en el Parlamento Europeo quien está diariamente liderando este ejercicio de presión. Presión que debe estar surtiendo efectos, desde el momento en que la Comisión de Venecia incluye en su informe final un pie de página que afirma la disconformidad de la Comisión Europea con la proposición de ley para la amnistía.

Y, por último, no nos podemos olvidar del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Es preferible que la amnistía llegue a Luxemburgo vía cuestión prejudicial, que al propio Tribunal Constitucional. No solamente porque el propio Tribunal Constitucional en alguna ocasión haya mostrado su inclinación por el TJUE cuando confluyen dudas constitucionales y de Derecho de la UE, sino porque el Tribunal Constitucional desgraciadamente está viciado a día de hoy por el propio Gobierno.

Si en tres frases tuvieras que hacer una valoración final de la proposición de ley para la amnistía, ¿Cuál sería?:

Uno, que la amnistía ahonda la división social y alimenta el conflicto político en España, y por extensión en Europa.

Dos, que la amnistía rompe los cimientos sobre los que hemos construido de forma consensuada la España democrática. E incluso los de la Unión Europea concebida por Jean Monnet y Schuman, y ulteriormente consolidados por figuras como Altiero Spinelli.

Y tres, que la amnistía tira por los suelos la voluntad popular expresada en las urnas en las últimas elecciones. Se le mintió al electorado español en las últimas elecciones nacionales, y Europa ya lo sabe.

Miguel Verdeguer Segarra

Prof. Dr. Derecho y Economía de la Unión Europea en la CEU San Pablo y EDEM Escuela de Empresarios