El Gobierno saca la artilleria contra la Ley de Concordia e irá hasta la ONU
Sánchez elevará esta cuestión ante el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Carlos Mazón, president de la Generalitat, juntos tras el incendio de Campanar.
El Gobierno de España pone toda su 'artillería' en marcha para frenar las leyes de Concordia que se pretenden aprobar en algunas comunidades autónomas — Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León— gobernadas por el Partido Popular y Vox elevando el asunto, por "su gravedad", hasta las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo. Desde el Ejecutivo consideran que estas leyes que ahora se pretende impulsar son contrarias a los valores recogidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada la pasada legislatura por el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos.
En concreto, Sánchez quiere llevar este asunto ante el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, ante el Parlamento Europeo y también ante el Consejo de Europa, según han indicado fuentes de Moncloa. Además, el Gobierno ya anunció esta semana que recurrirá ante el Tribunal Constitucional si estas comunidades no retiran los puntos de las iniciativas que a su juicio vulneran el espíritu de la Ley de Memoria.
En Naciones Unidas, el Gobierno recurrirá a ambos relatores para que evalúen la conformidad de estas medidas "con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos", según indican las citadas fuentes.
En la Eurocámara, promoverán iniciativas para incluir en el orden del día del pleno del Parlamento para su debate y votación por parte del Grupo de los Socialistas y Demócratas.
Asimismo, en el Consejo de Europa, invocarán "la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos" y además promoverán un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria de este organismo "para analizar la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox".
El Gobierno, además, informará a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos "para ponerles en conocimiento de la gravedad de la situación". Por último pedirá la elaboración de un informe sobre la situación de la memoria democrática en España ante la aprobación de "leyes de derogación" por parte de los gobiernos autonómicos de PP y Vox.
Desde Bruselas, donde ha participado en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, el jefe de la diplomacia, José Manuel Albares, ha indicado que ya ha dado instrucciones para trasladar esta cuestión. A la representación permanente ante la ONU en Ginebra, le ha pedido que entre en contacto con los dos relatores "para que puedan analizar en estos momentos las acciones que están llevando a cabo los gobiernos del PP y Vox contra la Ley de Memoria Democrática".
A la embajada ante el Consejo de Europa le ha pedido que contacte tanto con la secretaria general, Marija Pejcinovic, como con el comisario de Derechos Humanos, Michael O'Flagerty, para que también puedan analizar la situación e ir viendo "las medidas que vamos a ir adoptando".