El precio de venta y de alquiler sube un 10% en Valencia

Como se detalla en el informe del primer trimestre de 2024 sobre el sector inmobiliario elaborado por la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV, la situación en Valencia y su área metropolitana se degrada de manera acelerada, con unos incrementos en el entorno del 10% en los precios de venta de vivienda nueva y en las mensualidades del alquiler. Además, la oferta está menguando de manera alarmante. El informe considera que la actual evolución lleva camino de ser literalmente insostenible.

El informe también califica el panorama de la vivienda como muy preocupante, sobre todo a corto plazo. Destaca que finalmente la Generalitat Valenciana ha puesto el foco en la necesidad de la construcción de vivienda protegida, y lo hace sobre suelo público, algo que se va reclamando desde hace años y en un informe específico se muestra su eficacia para la contención de los precios.

Ahora llega el momento de desarrollar la normativa y los reglamentos que permitan la convocatoria de los concursos y su adjudicación al sector privado, que será el colaborador necesario para resolver esta dramática falta de oferta de vivienda, y hacerlo de manera urgentísima.

Este informe del Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV se refiere también a las opiniones que persisten en lo que califica de error: negar la falta de vivienda disponible y argumentar la existencia de las viviendas vacías. En este sentido clarifica el desenfoque en este punto, argumentando que se usa la definición de “vivienda vacía” haciendo referencia en el imaginario colectivo a una casa preparada para entrar a vivir. Nada más lejano a la realidad. Lo cierto es que estas viviendas, en su inmensa mayoría sin contrato eléctrico, están en estado casi ruinoso, con una imprescindible y costosa intervención para poder ponerla en el mercado.

El otro gran problema se sitúa en la demanda y en el poder adquisitivo de quienes desean acceder a una vivienda. Los salarios de los jóvenes y de los colectivos más vulnerables, incluidos aquellos migrantes que vienen a buscar una vida mejor, hacen inviable la compra de un inmueble, quedando únicamente para ellos la opción del alquiler. Pero con una cuota media superior a los 1.600 €/mes, para quienes más precariedad laboral padecen tampoco es posible esta solución, quedando únicamente la opción de alquiler de habitaciones, que ya alcanza precios disparatados.

Como ya anticipamos desde la Cátedra Observatorio de la Vivienda UPV, la entrada en vigor de la nueva ley estatal de la vivienda ha sido desastrosa para el mercado del alquiler, pues ha expulsado viviendas del mercado tradicional debido a la imposibilidad

de que los propietarios vinculen la cuota a la inflación y la protección frente a la “okupación”. La realidad que presenta el informe es contundente: aproximadamente 1.300 viviendas en alquiler tradicional por más de 2.100 viviendas en alquiler de corta duración (menos de 11 meses) en la ciudad de Valencia. Es decir, casi el doble de viviendas respecto al alquiler tradicional se alquila por períodos menores al año para evitar esa ley, y ello seguirá condicionando el precio, tensionándolo al alza.

Y, ¿qué ocurre si ni siquiera se puede alquilar una habitación? Desgraciadamente ya lo estamos viendo, con cada vez más gente durmiendo en nuestras calles o improvisados poblados sin condiciones de salubridad ni seguridad. Son los denominados asentamientos informales -chabolismo-, de los que los informes de la Cátedra van advirtiendo hace dos años.

En opinión del Cátedra Observatorio de la Vivienda, es necesario activar ayudas directas a estos colectivos para el acceso a la vivienda, y no solo para el alquiler, sino también para la compra. Insistimos en que en los años 90 del siglo pasado funcionó, y esas ayudas a fondo perdido permitieron a toda una generación tener una vivienda digna en propiedad.

Pero a corto plazo no es suficiente, es necesario activar más viviendas en alquiler y hacerlo ya. ¿Cómo? Pues dando seguridad jurídica a sus propietarios. Una solución que se plantea desde la Cátedra es que la Administración sea garante de los alquileres de vivienda pública, así como de aquellos que se quieran sumar con sus viviendas a esta iniciativa. Es decir, que la Administración responda en caso de impago ante el propietario si un inquilino deja de pagar y la ley actual impide su desahucio.

No se cuestiona que haya que proteger a una familia vulnerable, sino que el coste recaiga en el propietario de una vivienda. Con esa garantía, se revertiría la situación, quedando únicamente la revisión por inflación que, afortunadamente, parece que será estable en los próximos años.

Además, esas viviendas vacías que requieren una importante obra para poner al día podrían salir al mercado a medio plazo al entender sus propietarios que tienen garantizada esa inversión necesaria con el aseguramiento del cobro del alquiler. Para las obras necesarias, se deben movilizar fondos europeos, que están específicamente para esto, pues mejoran el parque actual de viviendas de una ciudad.

El presente informe concluye reiterando que hacen falta nuevas viviendas, muchas, y a un precio accesible. La cuestión será cómo convencer al sector privado para construir viviendas protegidas en venta o para alquiler, con precios máximos fijados, si los costes de construcción se hallan en máximos históricos. Si los estándares que se van a requerir a las viviendas dignas que se necesitan para esta emergencia habitacional deben cumplir todas las especificaciones implementadas por las normativas actuales anticipamos que será imposible su construcción en gran número en nuestras ciudades.

Esto requiere un ajuste normativo específico, que emule otros momentos históricos, como el de la Alemania de entreguerras, donde el Estado se comprometió a garantizar viviendas adecuadas para las clases trabajadoras, lo que impulsó la creación de un plan de vivienda pública, desde la Bauhaus, donde se abordó la grave escasez de viviendas con soluciones innovadoras y que cumplieran ese fin último de dar alojamiento en condiciones dignas desde postulados de realidad y viabilidad presupuestaria.