Susana Camarero y su parte en la herencia del Botànic
El drama de este aumento no es solamente la acumulación de débito en las cuentas públicas valenciana, que también, sino que conlleva un elevado coste: los intereses.
La vicepresidenta del Consell Susana Camarero.
Buen revolcón le dio Susana Camarero al señor Mompó. En la última sesión de control en Les Corts, el diputado de la franquicia valenciana del PSOE Benjamín Mompó Peruga preguntó por la mora en el abono de las subvenciones a Xarxa Jove, que calificó de grave y alarmante, a la vicepresidenta primera del Consell. La respuesta fue contundente: “las subvenciones se están pagando ahora, mucho antes de lo que acostumbraba ha hacerlo el Botànic” y con un mayor nivel de ejecución y control presupuestario. De nuevo, errores en las fichas y argumentarios que les redactan en la calle Hospital, la sede del PSPV.
El ridículo es lo peor que puede hacerse en sede parlamentaria. Entre los años 2020 y 2022, Mompó formó parte de la Comisión Permanente del Consell Valencià de la Juventut antes de hacerse cargo de la secretaría general de Joves Socialistes, y sobradamente sabe que el 75% de las subvenciones se abonaban entonces más allá del mes de junio y el nivel medio de ejecución anual se situaba por debajo del 40%. Ahora, en cambio, en un plazo menor con un mayor nivel de ejecución.
Pero la respuesta de la vicepresidenta segunda del Consell va más allá de la inicialmente dada a Mompó. Afirmó algo mucho más importante si cabe: “aquí, estamos pagando sus deudas”. Efectivamente, hace 9 meses el Botànic presidido por Ximo Puig dejó una deuda de 55.438 millones de euros, un 38,3 % más que cuando llegó en 2015, y el 57,3 % del Presupuesto de 2023 por ejecutar. Se trata de una deuda consolidada que supera el 47% del PIB regional. Puig disparó la deuda un 42,8% durante los últimos dos años de su segunda y última legislatura, un porcentaje que equivale a 17.182 millones de euros.
El drama de este aumento no es solamente la acumulación de débito en las cuentas públicas valenciana, que también, sino que conlleva un elevado coste: los intereses. El Consell de Mazón pagará este año 870 millones de euros en intereses debido al endeudamiento irresponsable. Puig contrajo nuevas deudas sin tener en cuenta el impacto de la subida de intereses a partir de 2022 para financiar su exceso de déficit con el que pensaba ganar las elecciones de 2023. Unos compromisos contraídos con terceros que está pagando Mazón. Valga al caso, se trata de la deuda de un finado de la que se responsabiliza el heredero según el art. 1912 del actual Código Civil.
Pero no es solamente una deuda heredada que la franquicia no sabe cómo esconder, pero que está ahí. Que grava la capacidad de acción política del actual Consell del PPCV-Vox. Se trata, también, del falso “mito” aupado por la franquicia de la gestión de Ximo Puig muy superior a la de Carlos Mazón. Se quiere reivindicar, por ejemplo, la supuesta excelencia de Mónica Oltra cuando, ahora, Susana Camarero tiene que hacer frente, no solamente a las facturas que aquella dejó en el cajón, y que suman más de tres dígitos contados en millones, sino a una espiral de promesas incumplidas de la entonces dirigente de Iniciativa del Poble Valencià.
Un ejemplo de la herencia del Botànic a la que ha tenido que hacer frente Susana Camarero es el Plan Convint. Se comprometió lOltra a cumplir con la recomendación de la OMS de 5 profesionales por 100 personas mayores, cuando terminó con tan solo el 6% del presupuesto ejecutado. Prometió la creación de 29 nuevos centros, de los cuales hoy no existe ninguno terminado. Prometió la gestión directa de las residencias con su Ley de 2019, cuando no fue capaz de llegar a un acuerdo con los agentes sociales y se congeló. Y las empresas adjudicatarias siguieron prestando el servicio sin contrato, actualmente garantizado bajo la modalidad de expediente de enriquecimiento injusto a cargo del presupuesto. O dicho en román paladino: se les paga las facturas de 2023 con nueve meses de retraso y al menor precio del contrato antiguo. Una deuda contraída por Oltra con las empresas que gestionan las residencias que ronda los 100 millones de euros y al borde del colapso a causa de su irresponsable gestión.
Sostenía acertadamente Sonia García en su artículo “Las minas que deja Mónica Oltra: Ni una plaza nueva en residencias en 11 años” el pasado 14 de abril en ESdiario: “El Plan Convivint se ha demostrado una gran farsa. A un buen número de los ayuntamientos les confirmaron un centro. Sobre el papel todo muy bonito. A Oltra se le olvidó presupuestarlos y tampoco dio delegaciones de competencias a los ayuntamientos. Una auténtica farsa. Incluso pintaron los fondos europeos (MMR) por una cantidad muy superior a los concedidos. En resumen, se generaron expectativas no cumplidas, engañaron a los trabajadores dejando en el aire sus puestos de trabajo al no licitar las residencias y dejarlas en enriquecimiento injusto y sin pagar, con facturas en cajones desde 2018. Oltra planificó unos servicios sociales imposibles de gestionar y mantener". Así dejaron las cosas: “el que venga detrás, que pague y arree”.