Vox acusa a la ONU de "vulnerar la soberanía nacional"

El cuestionado informe de los tres relatores vinculados a la ONU atacando las leyes de la Concordia de PP-Vox ha sido aplaudido por los socialistas y las asociaciones de las víctimas del franquismo. Pero no tiene efecto legal ni ha servido para mover las posiciones. El escueto y genérico escrito ha sido rechazado por Vox, el principal partido impulsor de la norma en aquellos territorios donde gobierna que acusa a la ONU de ""vulnerar la soberanía nacional".

El informe de los tres relatores independientes responde a la petición de Pedro Sánchez y se pronuncia sobre la ley de la Concordia dando un toque de atención a los Gobiernos de PP-Vox. La norma que se debate este viernes en la Comisión de Justicia de Les Corts Valencianes sustituirá a la de Memoria Democrática que pretende ampliar el reconocimiento a las víctimas no solo a las de la Guerra Civil sino también a las del Frente Popular de la Segunda República y a las del terrorismo de ETA.

Desde el PSOE han insistido desde su inicio en la teoría de que la ley "defiende el franquismo", algo que no ha respaldado ni el informe de los relatores internacionales, si bien consideran que meter a todas las víctimas en un mismo saco "diluye" la memoria. La portavoz del PSPV, Mercedes Caballero, ha valorado que el documento "nos deja en muy mal lugar" porque "somos la vergüenza internacional" y es "muy triste" que "nos corrija la ONU".

En el grupo de Vox en la Comunidad Valenciana la posición se mantiene. Se ha rechazado el informe de la ONU y la acusa de "vulnerar la soberanía de los países". El portavoz de Les Corts, José María Llanos ha vuelto a defender que "la ley de Concordia engloba a victimas y culpables como una forma de recuperar el concepto que las leyes de Memoria Democrática rompieron". A su juicio, la ONU "debe dedicarse a salvar vidas" y no a emitir informes sobre leyes autonómicas. "Y pocos conflictos ha evitado", ha criticado. "Incluso ha colaborado a que algunos se produjeran", ha añadido. Considera que debe "dejarse de tanto globalismo" y "dejar hacer a los países". Defiende la legitimidad de la ley porque ley de la Concordia procede de los partidos que "han sido votados por la mayoría". Por ello le insta a "respetar el voto de los ciudadanos y a una sociedad igual libre de sectarismo". Los que inventaron el delito de odio para perseguir a los que pensaban distinto están vomitando odio.

Mazón ha firmado 422 exhumaciones

Por su parte, el PP ha vuelto a defender en que la ley "iguala a todas las víctimas" en un momento clave en el que el PSOE "niega la existencia del terrorismo", en palabras del portavoz Miguel Barrachina. Sobre el texto de la ONU ha expresado que "no nos sentimos identificados" porque precisamente responde a la denuncia de Sánchez, de quien no reconoce a las víctimas de ETA. "Todos tienen en mismo derecho de reivindicar la condición de víctima de sus familiares", ha añadido para justificar que se amplíe el periodo histórico al que inicialmente estipularon Pedro Sánchez con Bildu en el Congreso de los Diputados.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado que desde que asumió el cargo ha firmado 422 exhumaciones de víctimas provocadas por la violencia de la "horrible dictadura franquista" y ha defendido que la ley de Concordia "consolida" los derechos de estas víctimas. Por ello, ha considerado que quien firma el informe de la ONU "ni se habrá leído la ley valenciana ni conocerá la realidad de la Comunitat Valenciana".

El informe

El documento no proviene de a la ONU sino de tres firmantes que son el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé; y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.

Los relatores vinculados a la organización internacional critica que las leyes no nombren ni condenen la dictadura en el escrito así como las responsabilidades de los crímenes cometido en ese periodo. Sostienen que la norma impulsada por los Gobiernos de PP-Vox "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica" y pueden "acarrear límites al acceso a la verdad". Considera que estas leyes "obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación".

Acerca de la ley de la Comunidad Valenciana, concretamente, alude en unas líneas para considerar que esta desvirtúa la memoria al ampliar el alcance de la ley a las víctimas del terrorismo de ETA y el islámico. Los relatores de la ONU defienden la importancia de no discriminar entre tipos de víctimas a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a las mismas, que es precisamente el objetico del Gobierno valenciano, conseguir la igualdad reconociendo a todas las víctimas sin discriminación, como ha manifestado en múltiples ocasiones el presidente de la Generalitat. Eso sí, el informe m matiza que las leyes de Concordia podrían llevar a asimilar las violaciones cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil "a un grupo heterogéneo de crímenes o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España".

El escrito -que no tiene ningún efecto legal- recuerda la obligación del Gobierno de España de preservar la memoria, pues es deber de "todos los poderes del Estado", incluido el ejecutivo, legislativo y judicial, así como de "todas las entidades de Gobierno" a nivel nacional, regional o local, "cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos, comprendida la obligación de garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos". Por ello, ha instado al Gobierno de España a que "tome las medidas necesarias" para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León.