Geoestrategia en el palco del Bernabéu

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez, en lo que se avizora como una nueva disputa entre ambos gobiernos, una “autoridad nacional de infraestructuras", de carácter independiente, como la AIREF en asuntos fiscales, que determine qué obras son prioritarias en España y donde han de construirse. Mazón pretende -auguramos que con poco éxito- que se ponga fin a la marginación atávica de nuestro territorio en materia de inversión y más concretamente, inversión en obra pública. Así, intuimos que a las batallas dialécticas en materia de concordia-memoria o libertad educativa, se va a sumar el debate de las infraestructuras, eternamente postergado.

La inversión en obra pública es un ámbito complejo, que responde a una geoestrategia y en la que nombres y apellidos ilustres concurren en régimen de competencia. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, empresario de éxito y situado en el puesto 17 en 2023 en el ranking Forbes (por ejemplo, Hortensia Herrero está en el puesto 15), será en 2024 -y seguramente siguientes- quien mayor negocio en obra pública asumirá a través de sus empresas y filiales en la Comunitat Valenciana.

Las cifras cantan. La inversión de las empresas públicas del Estado en el territorio valenciano no suele superar el 6% del presupuesto, aunque la contribución del Reino de Valencia a las arcas españolas y a su PIB en concreto se sitúa en la cuarta posición entre todas las autonomías. Esa divergencia entre lo que aportan los valencianos y lo que reciben -un desequilibrio de sobra conocido- se traslada también a la desproporción o a la marginación atávica de las empresas genuinamente valencianas de obra pública en su participación en las grandes infraestructuras que se alzan en su tierra de origen.

El Estado -sus razones tendrá- elige grandes compañías españolas para liderar la construcción de autopistas, puertos, hospitales o aeropuertos. En la Comunidad Valenciana, a diferencia de Cataluña o el País Vasco en donde las empresas nacionales son subordinadas a las compañías locales en la configuración de las uniones temporales de empresa, son siempre constructoras de carácter estatal las que se llevan el gato al agua. Esa dinámica ha comenzado a corregirse desde hace algún tiempo y ha mejorado sensiblemente con el Puerto de Valencia, aunque queda mucho camino por recorrer.

Junto con la ampliación del By Pass, la ampliación aprobada del recinto portuario es la gran obra estratégica de futuro, la más importante que afronta la Comunitat, con más de 500 millones de presupuesto y una transferencia de beneficios al territorio que supondrá un antes y un después en determinados escenarios económicos.

En la ampliación del recinto portuario -que desarrollará el negocio logístico de forma exponencial- participarán empresas valencianas porque están presentes en cada una de las 4 “UTEs” que optan a la adjudicación. Junto al “obrón” portuario, 3 obras más de enorme envergadura a cargo del ministerio de Óscar Puente van a protagonizar la construcción pública en la provincia de Valencia: el canal ferroviario de acceso a Valencia (500 millones), el acceso al aeropuerto de Valencia (en marcha y con una inversión de 100 millones) y el desdoblamiento del By Pass antes citado (120 millones).

Los 3 proyectos son liderados por Dragados, “by Florentino”. El Gobierno valenciano de Carlos Mazón debería trabajar intensamente en la geoestrategia del hormigón. Es decir, está obligado a influir de forma legítima para que las obras del Estado en el territorio valenciano, todas, cuenten con empresas valencianas.

La participación valenciana en los grandes proyectos genera riqueza de proximidad, blinda a los profesionales y fomenta el talento en nuestras universidades y nuestro ecosistema laboral y mejora la cuenta de resultados de compañías que tributan en la comunidad. Además, la Comunidad Valenciana exhibe un ejemplo virtuoso al tener radicados operadores de obra pública de tamaño medio muy potentes, por encima de la media española, con facturaciones que están entre los 100 y los 300 millones de euros. La construcción de la comunidad y su vertebración a través de obras necesarias no puede gestionarse, exclusivamente, desde el palco del Bernabéu.