Éxodo de conductores a Teruel ante el colapso de las ITV valencianas
Las citas para pasar la inspección sufren colapsos desde la reversión pública y están obligando a los conductores a migrar a otras provincias.
ITV de San Antonio de Benagéber.
La gestión pública de las ITV ya arrancó con mal pie desde el proceso de desprivatización. En su afán por desprivatizar el servicio, el entonces responsable Rafa Climent creó la empresa pública Sitval, la cual durante meses solo contaba con un trabajador, el propio director general. Pero fueron las empresas que gestionaban el servicio quienes lo asumieron sin contrato una vez pasada la fecha de finalización de la concesión. Incluso el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) sentenció el pasado mes de diciembre que la reversión pública que acometió Compromís fue ilegal.
La falta de un convenio para la equiparación salarial que ha desatado huelgas de trabajadores, la falta de recursos y de personal al eliminar 200 plazas, llevaron a una situación de bloqueo que se mantiene a día de hoy con el colapso de las citas para pasar la inspección de los vehículos.
Actualmente, ninguna de las estaciones de ITV valencianas cuenta con disponibilidad. La opaca lista de espera solo muestra los dos meses vinientes que están completos, sin posibilidad de coger turno para julio en adelante, por lo que muchos conductores -particulares y trabajadores- se desplazan a otras provincias próximas, principalmente a Teruel. Para agilizar
La consellera de Industria, Nuria Montes, ha aprobado recientemente el informe jurídico preceptivo para encauzar la equiparación salarial y también está asumiendo el coste de los alquileres correspondientes a los terrenos de las estaciones, habiendo renovado el contrato por tres años de la de Ribarroja -la tercera más grande de España- hasta que se construya la nueva ITV de Torrent.
Este coste de los alquileres es una partida que se suma al montante del gasto público que supone la gestión de servicio, pero no es más que una pequeña porción de lo que podría acabar pagando la Generalitat Valenciana. Y es que la Conselleria prepara "un plan de choque" que prevé contratar a más empleados para resolver el colapso, en un contexto en el que mantiene varios frentes judiciales abiertos heredados que podrían costarle indemnizaciones millonarias. En caso de perder los peitos pendientes tendría que hacer frente a 150 millones de euros, 80 de ellos correspondientes a la nulidad de las tarifas en 2014.