Coherencia electoral

Todos los días estamos escuchando y leyendo las actuales demoras en las ITV, los periódicos se hacen eco de las largas colas para realizar la inspección técnica de sus vehículos. Los profesionales del transporte, los talleres, en general están viviendo el auténtico desastre de gestión.

El exconseller Rafael Climent proclamaba a los cuatro vientos la calidad, el precio y la mejora de la seguridad vial que iba a conseguir.

¡Por favor seamos serios! La legislación en materia de ITV es la misma en todo el territorio español. Esto emana de una directiva europea traspuesta al ordenamiento jurídico nacional en el RD 920/2017.

Las sociedades que han gestionado las mismas han seguido escrupulosamente esa normativa, es más, y para mayor abundamiento, no sólo eran auditados por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), sino que además les auditaba la Conselleria de Industria a través del IVACE cobrando por este trabajo una cantidad nada desdeñable que anualmente podría representar alrededor de 8 millones de euros.

De todos es conocido el modelo de gestión Pública, como indicaba el “Sindic de Comptes”:

1. Incrementaría la Deuda Pública, necesidad de inversión nuevas estaciones, evolución tecnológica, etc.
2. Incrementaría la estructura de personal de la Generalitat, rigidez para determinados periodos, por ejemplo, pandemia, estacionalidad de inspecciones (meses de verano, navidades), mayor conflictividad laboral concentrada.
3. No ingresaría dinero por el alquiler de las estaciones
4. No ingresaría dinero por el canon variable, actualmente representa el 10% de la tarifa media ponderada

Este modelo representaba para la Generalitat, por todos estos conceptos, alrededor de 20 millones de euros. No perdamos de vista, tampoco, las inversiones realizadas por todos los empresarios durante los 25 años de gestión.

Se hablaba de que las tarifas de la Comunidad Valenciana eran las más elevadas, pero nadie puso en la ecuación lo que recaudaba la Generalitat durante estos años.

Tampoco el entonces conseller Climent se dignó a sentarse a negociar, todo se arreglaba con que el expresidente Zaplana se había enriquecido en el marco del conflicto Erial. Argumento político que convenia con tal de demonizar a la oposición.

Mi pregunta es: si los señores Cotino y Zaplana se enriquecieron con la venta, ¿Qué culpa tiene el empresario que compró el negocio, quizás endeudándose? No deberíamos preguntarnos también: ¿Han dado un buen servicio? ¿Han cumplido con los estándares de calidad? ¿Estaban dispuestos a encontrar soluciones?

Si todas ellas son afirmativas, ¿Por qué nos hemos metido en este charco? La respuesta es fácil, porque Compromís lo convirtió en arma arrojadiza sobre la oposición sin tener en cuenta el perjuicio a los ciudadanos.

Señores gobernantes, ya está bien de mentiras. Seamos serios y aparquemos la ideología en aras de lo que le conviene a la Comunidad Valenciana, en definitiva, a todos nosotros, porque no solo se trata de recaudar teniendo los impuestos más caros de España, sino de optimizar la gestión.

Creo que después de un año de gestión por parte del actual Gobierno del PP y Vox es el momento de tomar decisiones, puesto que el servicio va de mal en peor sólo con parches y con, no pocas, malas decisiones.

Si esto continua así, la culpa ¿no pasará a ser del PP? ¿Este gobierno no es, en sus entrañas, partidario de la gestión público/privada?

Nuestro presidente hablaba de frenar las reversiones del Botànic, por favor siga con su programa electoral abordando la situación sin miedo, porque su votante, valora la gestión bien hecha y el servicio prestado.