Runrún de reajuste en el Gobierno de Mazón
Los frentes abiertos del Gobierno valenciano requieren un cambio de estrategia que pasa por un perfil más determinante en primer plano
Este mes de mayo se cumple un año desde que el PP de Carlos Mazón ganara las elecciones autonómicas y desbancara al socialismo de la Presidencia. Pasada la cortesía del periodo de adaptación en estos diez primeros meses de gobierno, el dúo experimental de PP y Vox ya ha puesto en marcha la maquinaria legislativa al tiempo que comienzan a vislumbrarse las fisuras en determinados departamentos con algún previsible reajuste en la composición del Ejecutivo valenciano.
Con la campaña de las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, Génova ha lanzado un proyectil teledirigido desde su sede valenciana en dirección a la ministra Teresa Ribera, también cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo, con el motivo oficial del incumplimiento en política hídrica.
Como viene siendo la tónica habitual de este Ejecutivo autonómico -que no de otros- el papel de la portavoz del Gobierno, Ruth Merino, queda relegado a dar cuenta pública únicamente de los asuntos aprobados por el Consell, mientras que aquellas cuestiones capitales, delicadas o susceptibles de la polémica se reservan al 'president' o, en el mejor de los casos, se le delega al conseller de turno. Un encasillamiento limitado hecho a medida para el perfil institucional y técnico de Merino que en principio podría parecer deseado para evitar terreno fanganoso, pero que entre bambalinas comienza a desatar serias dudas.
Para mayor efecto a la ofensiva contra la ministra de Transición Ecológica, el PP de Mazón ha transferido la misión a la consellera responsable de la materia, Salomé Pradas, quien ha tratado de reforzar la comunicación de la portavoz del Gobierno, Ruth Merino. Aunque en la rueda de prensa tras el último pleno del Consell celebrado en Elche se dejó contaminar por sus relaciones personales-laborales con la Confederación Hidrográfica del Júcar y acabó disparando al flanco equivocado, Pradas mostró la dialéctica contundente que requiere subir a la tribuna de la portavocía de un gobierno. No pasó desapercibida la rápida respuesta que le ofreció a Merino cuando le reprendía por hacer uso fluido y alternado de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. Con la misma determinación y la habilidad de una amplia trayectoria en la Secretaría de Estado, la vicepresidenta Susana Camarero, también defendió semanas antes, desde el mismo micrófono, tanto las políticas de Igualdad del departamento que dirige como todas las cuestiones de actualidad.
Más allá de los continuos escollos con los que se topa la Conselleria de Educación, la caótica reversión pública de las ITV, la caída del sector industrial o la problemática con las Emergencias por lo que la oposición pide el cese de la responsable de Vox, principalmente, en el seno del Consell preocupa la compleja y alarmante situación financiera de la Generalitat Valenciana.
La falta de financiación autonómica deja una coyuntura sin liquidez suficiente ni para pagar a tiempo a los proveedores. Con dificultades se han facilitado explicaciones contradictorias acerca del embrollo con los retrasos en el pago de las nóminas a funcionarios, competencia de la también titular de Hacienda Ruth Merino. Y la asfixia económica no solo proviene del problema histórico del bloqueo de la reforma del injusto y obsoleto sistema de financiación que ha causado ya una infrafinaciación de 42.000 millones de euros, según los informes de los expertos de la Comisión Consell-Corts. También la Comunidad Valenciana lastra con la imposibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez de sacar adelante los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Cada noche que pasa el inquilino de la Moncloa en el poder, los valencianos pierden 4,9 millones de euros. En total, los valencianos dejarán de recibir 1.793 millones de euros para inversiones y servicios sociales.
El cambio estratégico, que se torna indispensable para cada vez más voces críticas, implicaría adoptar un perfil más político y reivindicativo, y menos técnico, en la primera fila. Sin caer en la retórica de los mítines del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, este reajuste tendría como objetivo fortalecer la posición de la Comunidad Valenciana frente al Gobierno de España al tiempo que protege la imagen del Consell ante los citados frentes abiertos que avivan tanto la oposición como los sindicatos.
EL CONSELL CONFIRMA A ESDIARIO CABIOS EN EL SEGUNDO Y TERCE ESCALÓN
A raíz de esta información, tras su publicación en primicia, fuentes del Consell han concretado a ESdiario que el Ejecutivo valenciano acometerá cambios "en el segundo y tercer escalón", es decir, que afectaría a ceses y nombramientos de secretarios autonómicos y directores generales. Las mismas fuentes apuntan a que la remodelación llegará tras las vacaciones de verano, mientras que otras fuentes también del entorno del seno del Consell adelantan los cambios a pasadas las elecciones europeas que se celebran el próximo 9 de junio.
Se trata de la primera remodelación del Gobierno de Carlos Mazón que llegará en los próximos meses. Una reorganización que también apoya la dirección de Vox por lo que afectaría también a alguna de las Conselleries que dirigen los de Abascal: la de Justicia, Interior y Emergencias y la de Agricultura.
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