AERTE reclama un IVA unificado del 4% para todos los servicios de dependencia
José María Toro, presidente de AERTE, ha indicado que "nos hemos sumado al manifiesto porque no es justo que algunas personas paguen diferente por el mismo servicio"
Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha suscrito el Manifiesto por la Equiparación del IVA de los Servicios de Atención a la Dependencia promovido por el Circulo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS) en un acto celebrado el pasado viernes en Madrid y que congregó a una multitud de entidades representativas del sector de los servicios sociales de toda España.
Esta iniciativa se ha puesto en marcha por tres razones principales:La primera, porque no tiene explicación que un mismo servicio, prestado en un mismo lugar y a una misma persona, tenga una tributación diferente. En el año 2023, el precio medio de una plaza privada para personas mayores en la Comunidad Valenciana era de 2.065 euros al mes. A ese servicio se le aplica un IVA del 10%, salvo que la plaza sea concertada o reciba una prestación vinculada al servicio, en cuyo caso se aplica un tipo de gravamen reducido del 4%.
Por tanto, las personas que necesitan ser atendidos en una residencia, en un centro de día o recibir un servicio de ayuda a domicilio o de promoción de la autonomía y que todavía no han recibido la resolución, a pesar de haber solicitado la ayuda, deben pagar un 6% más de IVA. Estas personas se ven doblemente perjudicadas: Pagan la totalidad del precio ya que no tienen ninguna ayuda y, al mismo tiempo, pagan una media de 123.90 euros mensuales más de impuestos, en el caso de una residencia.
En segundo lugar, porque es un derecho universal. La Ley 39/2006 (LAPAD) establece como uno de sus principios la universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación, en los términos establecidos en la propia Ley. No se puede penalizar al ciudadano incrementando el IVA cuando éste se ve obligado a contratar un servicio privado por ineficacia del sistema público.
La falta de plazas públicas y el largo periodo de tiempo que pasa desde que se solicita la ayuda a la dependencia hasta que se otorga un servicio o prestación (una media de 321 días de media en 2023) obliga a muchas personas con necesidades asistenciales a optar por una plaza no concertada debiendo asumir un 6% más de IVA que el resto. 320.468 personas se encuentran en el “limbo de la dependencia”. La atención a la dependencia no puede ser considerada un lujo, con independencia de quién lo preste. Es un servicio de primera necesidad y debe tributar un 4%, al igual que otros servicios básicos.
Por último, porque beneficia a las personas dependientes. Teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo derivada de los elevados costes de elementos básicos como la luz y los productos alimentarios, igualar el IVA al 4% sería una forma de aliviar la situación de muchos dependientes que hoy pagan por el efecto del IVA más de 1.486.80 euros anuales de media. Hay que recordar que la pensión media en la Comunidad Valenciana es de 1.155.16 euros mensuales. Por lo tanto, la equiparación supondría mejorar la capacidad económica de las personas afectadas en una paga y un tercio de otra.