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Carlos Mazón, un año del ‘cambio tranquilo’ con la libertad por bandera

El presidente de la Generalitat cumple su primer aniversario con un pacto con Vox sin estridencias y cumpliendo el guion de la bajada de impuestos o la libre elección en educación.

Carlos Mazón con Catalá la noche del 28 de mayo de 2023

Publicado por
Enrique Martínez

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Un año desde que el 28 de mayo de 2023 la Comunitat Valenciana diera un vuelco a la derecha. Un año del cambio electoral y al contrario de lo que la izquierda hiperventilada vendía, no hay camisas pardas por las calles de Valencia, ni se han comido a los niños ni se ha prohibido nada. Al contrario, si de algo puede presumir Carlos Mazón es de un pacto tranquilo con Vox en la Generalitat Valenciana y de estar siguiendo con el guion anunciado, sin estridencias ni golpes de timón, desde la bajada de impuestos a la libertad educativa.

A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades como Baleares, donde Vox anda a la guerra interna, Castilla y León, donde el vicepresidente de Vox protagoniza muchos titulares, o en el propio Ayuntamiento de Valencia donde María José Catalá tiene un teniente alcalde, Juanma Badenas, difícil de domar, en la Generalitat Valenciana el PP puede presumir de tener un pacto calmado, sin salidas de tono o rifirrafes destacados entre populares con los de Abascal, actuando como un todo.

De los impuestos a la libertad educativa

Carlos Mazón es predecible y ha puesto en marcha todo aquello que venía anunciando cuando era aspirante a presidir la Generalitat Valenciana. La estrella de este año ha sido su rebaja fiscal, con la supresión de impuestos como el de sucesiones y patrimonio, y con la puesta en marcha de desgravaciones fiscales en el IRPF pioneras como por ir al gimnasio, al dentista o comprarse gafas de visión. La izquierda le ataca con que su “rebaja es para los ricos” pero las cifras lo niegan: muchos valencianos se ahorran 300 euros en la renta por ir practicar deporte o ir al odontólogo.

La libertad educativa es otra de las banderas de este primer año de Carlos Mazón. Fue uno de los discursos del PP en la oposición contra la política de Compromís con el beneplácito del PSOE de imponer un sistema de inmersión al estilo catalán que ahora se reforma con la Ley de Libertad Educativa, que vuelve a respetar las zonas castellanohablantes y da a los padres la opción de elegir lengua y centro educativo con el distrito único.

Carlos Mazón además ha desmontado uno de los mantras de la izquierda de que venía privatizar la sanidad. La Generalitat ha seguido adelante con la reversión -la vuelta a la gestión pública- de los hospitales de Dénia y Manises previsto por el Botànic, anulando el discurso de la izquierda que iba a entregarlo a la privada. Sólo el hospital del Vinalopó continuará siendo público de gestión privada. El motivo de todo esto: las cifras de eficiencia. El gobierno de Mazón dice que no actúa con sectarismo como la izquierda, sino con datos en la mano.

En los puntos a favor el cumplir con la eliminación de la tasa turística, poner en marcha la Ley de Concordia para sustituir a la de memoria democrática -algo que irrita a la izquierda pero que aplaude el PP y sobre todo su socio Vox-, seguir con el crecimiento en las cifras de empleo, desmontar los argumentos de la izquierda en materia de igualdad y diversidad -sigue funcionando con Susana Camarero a la cabeza y no se ha recortado nada-, la reivindicación en materia hídrica y de financiación o poner en marcha la simplificación burocrática y administrativa.

Pero un año es un año, da para lo que da, y sigue habiendo asuntos por resolver como el enorme enredo de las ITV, heredado del Botànic, sí, pero que afecta al gobierno de Mazón con el colapso de las citas y gente yéndose a Teruel para pasar la ITV. También el tema de retrasos en los pagos por el nuevo sistema implementado por Hacienda que está dando más de un quebradero de cabeza. Esto último, la fluidez en los pagos, es el asunto más urgente a resolver. También en el tintero está la renovación de órganos como la Agencia Antifraude, el Consell Valencià de Cultura o À Punt, alguno convertido en un búnker de la izquierda. En el caso de la televisión valenciana, ya se ha presentado una ley al respecto.

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