El PSPV critica que Mazón utilice la administración para ir contra la Amnistía

Interesante debate el que se puede abrir tras el anuncio que el president ha hecho durante la jornada de hoy en la sesión de control de Les Corts Valencianes. Carlos Mazón, al igual que otros presidentes de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, ha anunciado que la Generalitat va a presentar “un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía para defender la igualdad de los territorios y de las personas, así como la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía”. Esto, como era de esperar, no ha sido acogido de buena gana por el Partido Socialista, quien a través de su portavoz, José Muñoz, ha criticado que el PP utilice las instituciones para "hacer partidismo".

"Si quiere presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, tiene que hacerlo con dinero del Partido Popular y no utilizando las instituciones valencianas con el dinero de todos los valencianos para hacer política en favor del PP y en contra de la reconciliación entre españoles", afirmaba el síndic socialista.

Sin embargo, bajo el mandato del Botànic, la Abogacía de la Generalitat se personó en varios casos —como el de la visita del Papa, la Formula 1 o la Gürtel— de corrupción con dirigentes del Partido Popular implicados, entre ellos, el recién absuelto Paco Camps del que Mazón ha dicho que no ha necesitado ser amnistiado.

Cierto es que, los socialistas pueden argumentar que en aquel entonces la Abogacía de la Generalitat actuaba para preservar el nombre de la institución, pues se veía implicada directamente, al igual que Mazón, hoy, puede argumentar que con la Ley de Amnistía se puede "discriminar", de manera indirecta, a los ciudadanos de la Comunitat.

Si no hay sorpresas, la norma podría estar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el viernes o el sábado para su entrada en vigor. Esta "Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña" nació de los pactos que el PSOE selló con ERC y Junts a cambio del apoyo de los independentistas a la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Su objetivo es amnistiar a todos los implicados en movilizaciones soberanistas e independentistas desde el 1 de noviembre de 20 11, cuando aún gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el 13 de noviembre de 2023. Comprende tanto a los condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014 como los del referéndum independentista de 2017, así como el archivo de las investigaciones abiertas por los disturbios posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo.r