¿Por qué los políticos ignoran la ciberdelincuencia?

¡¡Arriba las manos, los datos o la vida!! Los atracos se realizan ahora “a punta de ratón”. En la era digital, donde nuestra vida cotidiana depende en gran medida de la tecnología, la ciberseguridad se ha convertido en un tema crucial. Sin embargo, a pesar de los crecientes riesgos y las frecuentes noticias sobre ataques cibernéticos, los políticos hacen caso omiso de esta amenaza inminente. La pregunta es: ¿por qué la ciberseguridad no está en la agenda política?

La ciberdelincuencia no es un fenómeno nuevo, pero su impacto ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Desde ataques de ransomware que paralizan hospitales y empresas, hasta el robo de datos personales y financieros a gran escala, los delincuentes cibernéticos están más activos y organizados que nunca. Iberdrola, Telefónica, el Banco de Santander, Ayesa, Codeoscopic, tiket máster, etc. Son un buen ejemplo de ello. En apenas 3 semanas millones de datos (solo tiket máster 500 millones de datos). Se calcula que los costes globales de la ciberdelincuencia alcancen los 10,5 billones de dólares anuales para 2025, lo que subraya la gravedad del problema.

A pesar de estos alarmantes datos, muchos políticos parecen subestimar la importancia de la ciberseguridad. En parte, esto se debe a una falta de comprensión sobre la naturaleza de las amenazas cibernéticas y sus implicaciones a largo plazo. La ciberseguridad es un campo técnico y complejo que requiere conocimientos especializados, algo que muchos legisladores no poseen, y según parece, ni quieren saberlo.

Además, los temas de ciberseguridad a menudo compiten con otros problemas que los políticos consideran más urgentes o tangibles, como la economía, la salud y la seguridad pública tradicional. Sin una presión inmediata y visible de los electores, es fácil para los políticos postergar la acción en ciberseguridad. De ahí la importancia de denunciar cualquier hecho, sea del tamaño que sea. La maldita cifra negra (la victima de ciberestafa, en una gran mayoría no denuncia por vergüenza) hace que no lleguen los datos reales a los decisores en estos ámbitos y se manejen datos en teoría asumibles, cuando en realidad son alarmantes.

Otra razón por la que los políticos ignoraran la ciberseguridad es la falsa sensación de seguridad. Muchas organizaciones, incluyendo entidades gubernamentales, asumen que sus medidas actuales son suficientes para protegerse contra ataques. (Como dirían mis colegas, Rafa López y Alberto Gago, -Nada más lejos de la realidad-). Sin embargo, la rápida evolución de las técnicas de los ciberdelincuentes significa que lo que parece seguro hoy, seguro que no lo es mañana.

La falta de atención a la ciberseguridad por parte de los políticos tiene consecuencias graves. Los ataques cibernéticos pueden causar interrupciones significativas en servicios esenciales, desde el suministro de energía hasta la atención médica. También pueden resultar en la pérdida de información personal sensible, lo que puede llevar a fraudes y robo de identidad.

Además, la inacción en ciberseguridad puede tener repercusiones económicas. Las empresas que son víctimas de ataques cibernéticos pueden enfrentar pérdidas financieras considerables, demandas legales y daños a su reputación. A nivel nacional, la falta de una estrategia de ciberseguridad robusta puede poner en riesgo la competitividad económica y la seguridad nacional.

La necesidad de Políticas Proactivas. Para abordar estos desafíos, es crucial que los políticos adopten un enfoque proactivo hacia la ciberseguridad. Esto incluye la implementación de leyes y regulaciones que establezcan estándares claros para la protección de datos y la respuesta a incidentes. También es vital invertir en educación y capacitación para desarrollar una fuerza laboral capacitada en ciberseguridad. Pero sobre todo una gran ley de prevención y lucha contra el fraude tecnológico. Donde recoja obligaciones claras y efectivas para prevenir el delito, so pena de sanciones económicas importantes, incluida el cierre de actividad. Sin olvidar, la ayuda a las víctimas, tanto empresas como ciudadanos. Estos últimos los grandes damnificados de este olvido intencionado de nuestro gobierno de turno actual. ¿Hasta cuándo?

Los gobiernos deben colaborar estrechamente con el sector privado y las organizaciones internacionales para compartir información y desarrollar estrategias conjuntas. La ciberseguridad es un problema global que requiere una respuesta coordinada. Pero no solo en el ámbito empresarial y de estado, los ciudadanos estamos solos ante este problema. Parte de nuestros impuestos se deben destinar (redistribución) a mantener la seguridad(ciber). Derecho fundamental que recoge nuestra constitución y que parece olvidado por quien nos gobiernan y por quienes no. No recuerdo ninguna alternativa política que ocupe ni un minuto en su relato político a este tema. A quien le importa.

Finalmente, es fundamental que los ciudadanos también desempeñen un papel activo en exigir a sus representantes que prioricen la ciberseguridad. La presión pública puede ser un catalizador poderoso para el cambio. Los votantes deben estar informados sobre los riesgos cibernéticos y la importancia de la ciberseguridad, y deben hacer oír su voz en las elecciones y a través de otros canales de participación cívica.

La ciberseguridad es una de las grandes amenazas de nuestro tiempo, y la inacción de los políticos solo exacerba el problema. Es imperativo que tanto los legisladores como los ciudadanos tomen medidas decisivas para proteger nuestros sistemas digitales y la información que contienen. Solo a través de un esfuerzo conjunto podemos enfrentar y mitigar los riesgos de la ciberdelincuencia en nuestra sociedad.