Rafael Blasco de nuevo a prisión

Se ha conocido hoy que Rafael Blasco -por muy sabidas resultan innecesarias notas complementarias para dibujar su figura política- ha vuelto a la prisión de Picassent en la que cumplió dos largos tercios de condena antes de “disfrutar” del tercer grado (o libertad provisional) de los últimos años. Se ha hecho público, aunque el entorno más próximo del tantas veces conseller y persona clave en la política valenciana durante décadas, viene viviendo esta pesadilla hace ya unas cuantas semanas. Y aunque dicen celebrar el apagón mediático -tal vez simple falta de información actualizada- recelan de una nueva versión de anteriores campañas desacreditativas y de juicios paralelos.

ESdiario ha sabido de un precipitado proceso por el que, en la práctica, se ha dejado en suspenso la sentencia que, rebajando la condena a un año y medio, no obligaba al ex político valenciano a entrar de nuevo en prisión por aquel entonces.

Blasco, de 79 años, ya peleaba jurídicamente mediante sus abogados por la aclaración de lo que a su juicio es un error de procedimiento, cuando se conoció la sentencia absolutoria de Camps. Una de arena y otra de cal en ese mismo sistema judicial que hoy pasa por una auténtica tempestad de infortunios. La Audiencia de Valencia en el caso del primero, la de Madrid en el del expresidente. A alguna le tocará resolver -se ha leído por ahí- sobre el independentista condenado por atentar contra el patrimonio si se acogiera a la Ley de Amnistía. Ninguno de los tres es comparable, ya que pese a la importancia de la jurisprudencia, cada vista es independiente y en ella relevante el buen criterio e imparcialidad del juzgador.

Al respecto nunca ha habido más dudas en España que las excepciones de unos poquísimos jueces suspendidos, apartados o condenados de los cerca de 5.500 magistrados que se sientan en los Juzgados y Tribunales de Justicia. Lo mismo se puede afirmar de los 2.700 fiscales españoles distribuidos en las distintas secciones o salas. Hasta que llegó ese anglicismo, el “law fare”, lo más grave era el uso abusivo de los calificativos de conservador o progresista para los titulares de las más altas instancias judiciales.

Así y todo los españoles mantuvieron su confianza en la Justicia, como en las Fuerzas Armadas y el Rey. Hoy el clima es irresistible, de “aterrador” lo ha calificado el Presidente del CGPJ Vicente Guitarte. Ya lo era antes, a la vista de casos como éste. Y de los millares y millares de expedientes ordinarios o extraordinarios atascados en cada juzgado.

Conviene recordar que a Blasco -ex conseller con el PSOE y con el PP- se le probó maniobrar a favor de terceros, pero nunca enriquecimiento ilícito propio, ni mucho menos cohecho. Y que los fiscales “del proçés” sostienen que la malversación de los hipotéticos amnistiables conculca los intereses de la Union Europea, pese a la orden del Fiscal General. Dos pinceladas extremas sobre el contexto judicial y sus posibles distintas, y hasta contradictorias, consecuencias.

En otro orden de cosas, la edad de quien, efectivamente pernocta de nuevo entre semana en Picassent, raya las ocho décadas, aunque afortunadamente dicen que goza de buena salud y excelente aspecto físico. Técnicamente es asunto cuya decisión final corresponde a la institución penitenciaria, pero en cualquier caso ya se ha dado esta reproducción del calvario para el interesado.

Lejos de alentar un tratamiento banal de la noticia ni pretender inoportunar al interesado, este cronista ha optado por poner de manifiesto, de manera contextualizada, su propia opinión sobre los hechos, deseando lo que mejor proceda a sus intereses más legítimos.