El PSOE recurre a la "motosierra"

Ya es habitual. Te lo cuentan los ujieres. Cuando entra en el Palau de Benicarló ya suele ir acelerado. Pero el pasado miércoles se pasó de azúcar en el café y se desbarató. El síndic de la franquicia del PSOE en las Cortes Valencianas, José Muñoz, iba saltando de declaración en declaración. Y no paró. O iba de gracioso, o sembrado. Eso sí, autoconvencido de lo bien que lo estaba haciendo al cumplir las órdenes de Diana Morant, auxiliada con el “telemando” desde su Palacete de Madrid ante la cual trata de hacer méritos. Una “lideresa” alejada de lo que pasa en la Comunitat.

Primero la emprendió José Muñoz con el PPCV, acusándolo de “perseguir y criminalizar al colectivo LGTBI, secundando a Vox”. Pero poco antes el secretario general del PCPV, Juanfran Pérez-Llorca, había terciado en contra de Vox para mantener la bandera LGTBI en la fachada de Les Corts el día del Orgullo: “La posición del PPCV es clara y no admite dudas. Somos el único grupo que no varía su postura nunca y se mantiene firme… siempre hemos defendido y defenderemos los derechos del colectivo LGTBI” La razón del portavoz la exhaló cuando acusó a Susana Camarero de apartar a Lambda, un colectivo que recibió más de las cuatro quintas partes de las subvenciones y que ahora las tendría que compartir si las justifica. Los de Lambda se han enfadado al terminar sus privilegios. Es el síndic quien tendría que explicar porque los secunda cuando el resto de los colectivos mantienen el Dia del Orgullo.

Después la emprendió con el presidente Carlos Mazón por “hacer propuestas de barra de bar”. El delirio onírico de José Muñoz llegó al éxtasis al tocar de oído respecto a lo dicho por Carlos Mazón en el Foro Autonómico de El Mundo “La España vertebrada”. Defendió el presidente los intereses de la Comunitat frente a la amenaza que representa para el sistema de financiación de la LOFCA si Pedro Sánchez paga el precio exigido por el independentismo catalán para hacer a Salvador Illa 'president'. El precio por pagar es el “cupo”, al igual que País Vasco y Navarra, disfrazado del concepto “singularidad”. En el Foro hablo de considerar una “financiación incentivada, una medida de política fiscal liberal que incentiva el rendimiento fiscal y aumenta la recaudación a repartir en un Fondo de Solidaridad autonómico. No se sabe cómo José Muñoz pudo aprobar sus estudios de hacienda pública al ignorar los efectos de la Curva de Laffer. Seguramente pasaba la mayor parte de su tiempo en “la barra del bar”.

El precio por pagar es el “cupo”, al igual que País Vasco y Navarra, disfrazado del concepto “singularidad”

Ignora el síndic que el economista Arthur Laffer demostró la relación empírica entre los tipos impositivos y los niveles resultantes de los ingresos fiscales. Una de las implicaciones de la Curva de Laffer es que, aumentar los tipos impositivos más allá de un determinado punto es contraproducente para recaudar más ingresos fiscales. El presidente Carlos Mazón utilizó el efecto empírico para argumentar que unos impuestos más bajos -el tramo autonómico del IVA o del IRPF- puede dar lugar al aumento de los ingresos fiscales. La experiencia con diferentes tasas de impuestos en los Estados Unidos muestra que el mayor crecimiento de los ingresos fiscales se produjo en las situaciones fiscales previstas por Arthur Laffer.

Pero lo que no preveía el síndic es que su “lideresa” le superaría en atrevimiento. Dos días después acusaría al presidente Carlos Mazón de “utilizar la Motosierra” con los recortes sociales del Consell. No solamente muestra una imaginación de mosquito al recurrir al “símil de Milei”, sino su ignorancia de los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su actualización del observatorio de información económico-financiera de las comunidades autónomas. Según la Airef, la Comunitat es la única autonomía en España que, pese recibir menos recursos financieros, no gasta menos en servicios públicos. En concreto, en Sanidad gasta 1.886 euros por habitante -la media nacional es 1.855-; en Educación 1.249 euros -la media general es 1.172- y en servicios sociales 438 euros -la media estatal es 420-. Los gastos en servicios públicos esenciales, de 3.580 euros frente a la media nacional de 3.502. Un esfuerzo en gasto pese a ser La Comunitat la peor tratada fiscalmente.

En fin, habrá que preguntarse dónde está la motosierra de la Morant. Habrá que buscarla en la caja de sorpresas que Pedro Sánchez guarda para ceder ante Carles Puigdemont y Marta Rovira, pagar el precio que le piden para hacer a Salvador Illa "president de Cataluña", y él seguir de inquilino en La Moncloa. Y es que al síndic y a la “lideresa” les encanta ser los guardianes de la caja. A ambos les dará una torticolis de tanto mirar hacia Madrid; y acelerados para hacer méritos. Todo vale para los dos, menos defender los intereses de la Comunitat.