Cinco consellers del CVC se rebelan contra la "injerencia en el poder legislativo"

Tensa jornada en el Consell Valencià de Cultura (CVC), el órgano estatutario discreto, pero que desde hace meses vive sesiones convulsas y que ha llegado al cisma con la presunta “injerencia en el poder legislativo” al aprobar unos informes contra las leyes del gobierno de PP y Vox a petición del PSOE y Compromís. Cinco consejeros se han rebelado contra lo que han calificado de “prevaricación” y han abandonado la sala.

Los socialistas valencianos, lejos de manifestar una voluntad para pactar el paquete legislativo con el Gobierno, advirtió de que pediría informes con el objetivo de desacreditar la ley de la Concordia, la ley de Libertad Educativa y la ley que reglará la nueva estructura de la televisión pública, À Punt. El CVC, dominado por los partidos de izquierda a través de la mayoría de los vocales que propusieron a dedo cuando aún gobernaban, ha acatado estrictamente y con celeridad máxima la petición de los socialistas que buscan detractores para intentar bloquear el paquete de leyes del gobierno de Carlos Mazón. Su actuación en este sentido se ha interpretado como una injerencia y se ha cuestionado la independencia de la institución.

El pleno ha arrancado con reproches por los “insultos y expresiones vejatorias” proferidos por parte de miembros del CVC al conseller José Vicente Navarro, quien advierte que tomará “acciones legales” también contra la presidenta por permitir dichas intervenciones.

No ha sido la única amenaza. Navarro ha exigido dirimir responsabilidades de lo que califica como “prevaricación administrativa” por “destinar recursos públicos a funciones impropias e ilegales y anuncia “acciones legales”.

“Estoy abrumado, asustado” ha replicado el vocal Gerardo Muñoz que dice “estar “a punto de entrar en pánico porque no estoy acostumbrado a que me amenacen tanto con medidas judiciales”.

“Estoy cansado de amenazas”, ha añadido Xavier Aliaga quien considera que “hoy decidimos si somos una institución palmera y amables” o si , de lo contrario, hacen oposición a lo que califica como “periodo de regresión” al asociar las políticas de Carlos Mazón a las de Donald Trump.

Desde el bloque mayoritario ‘progresista’ del CVC niegan ser “ninguna correa transmisión de ningún partido”, en palabras de Ana Noguera, quien sostiene que detrás de la oposición a las informes hay un “intento de bloquear” el CVC. Noguera ha apelado al reglamento para tratar de defender la cuestionada actuación de esta institución cultural sobre las Proposiciones No de Ley del gobierno de Carlos Mazón asegurando que les permite emitir “informes oportunos” con el objetivo de la defensa de la cultura.

Para aclarar las competencias y funciones del CVC, sus miembros se han enzarzado en un debate sobre posibles precedentes similares. Noguera pone como ejemplo un caso en el que el CVC atendió la petición de la ahora alcaldesa María José Catalá para elaborar un informe sobre las obras de la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

“Valoro su audacia”, le ha replicado irónicamente el consejero José María Lozano, quien ha desmontado uno a uno los casos. “Hace diez años el caso de Izquierda Unida no fue una petición como grupo sino a nivel personal y no fue para analizar una ley sino una resolución por la modificación del valenciano y no fue elaborado un informe sino una declaración”, ha acarado. Además, distingue que se elaboró cinco meses más tarde con audiencias adecuadas” y no con la premura con la que en esta ocasión se ha respondido al “encargo” del PSOE.

En esta línea, Ascensión Figueres, la consellera que fue la presidenta de la Academia Valenciana de la Lengua asevera que “no hay antecedentes en esta casa”. “interferir en procedimiento parlamentario de una ley” y recuerda que “no está regulado que un partido político pueda llevar una ley en tramitación al CVC”. Por ello, ha pedido retirar los informes. Sin éxito porque, pese a que los cinco consellers se han levantado de la mesa y se han marchado, el pleno ha continuado y se han aprobado con 13 votos a favor.

Los informes del CVC cargan contra las leyes de PP y Vox

Respecto a la ley de À Punt, el informe al que ha tenido acceso ESdiario insta a incorporar aspectos a la proposición de ley. Por un lado aquellos relativos a la financiación como un mínimo de dotación anual de los presupuestos generales de la Generalitat de un 0’45%, de los cuales un 40% considera que debe destinarse a la producción de contenidos por parte de productoras independientes o una fórmula de seguimiento para el cumplimiento de la ley de comunicación audiovisual para las comunidades autónomas con lenguas oficiales.

Por otro lado, considera que la ley “quita todos los entreblancos a la manipulación partidista, que se elimine toda la referencia a la lengua valenciana como lengua vehicular, que se haya suspendido la oferta pública de trabajo en marcha” y que no se garantice la gestión pública de los servicios informativos. Se la califica como “raquítica”, precisamente a la nueva normativa que pretende simplificarla anterior con el fin de agilizar los trámites necesarios para el funcionamiento ordinario eficaz de la radiotelevisión. El informe carga con mucha contundencia a la fórmula de urgencia que se ha usado para aprobar la ley en Les Corts, así como critica la reducción del número de los miembros del Consejo de Administración. “Es reducir la hipertrofia legislativa ley”, señala el informe. Y emite una serie de recomendaciones que van desde un órgano asesor con participación ciudadana elegido por entidades culturales –pese a que la ley de 2016 del Botànic no fue abierta a la participación ciudadana ni intervino ningún órgano estatutario-, también exige una mayoría de dos tercios para elegir al Consejo de Administración lo cual beneficiaría al PSOE y Compromís ya que podrían mantener altos cargos por la necesidad de pactar. Además, recomienda que se destine un mínimo de un 35% del tiempo de emisión dedicado a obras audiovisuales elaboradas por productores valencianos y “completar con claridad que el valenciano debe ser la lengua vehicular de la radio y la televisión pública”.

Respecto a la ley de la Concordia, la más polémica y que ha servido a Pedro Sánchez como carne de cañón para la campaña electoral, pretende sustituir a la anterior de Memoria Democrática aprobada por el Botànic. El objetivo es reconocer a todas las víctimas por igual, tanto a las de la Segunda República como a las de la dictadura franquista como a las del terrorismo de ETA. Después de que Pedro Sánchez encargara un informe no oficial de los cuestionados relatores de la ONU y presentara un recurso ante el TC de Aragón, el PSOE valenciano busca más detractores para esta ley y también ha encargado un informe al CVC. “Negar la realidad no es concordia, es manipulación”. Así comienza a cargar con firmeza el documento. Precisamente se sirve de las “amonestaciones de la ONU” para reforzar su postura. Pese a que la futura norma recoge la actual ley de Memoria Democrática, ampliado el periodo, el informe del CVC acusa a la ley de “negar la memoria” y de ser una “ofensa hacia un sector de la población a los descendentes de las victimas por lo que acusa al gobierno de Mazón de “contravenir los derechos humanos y negarlos”.