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Ultimátum del ministro Víctor Torres al Gobierno de Mazón con la ley de Concordia

Sostiene que "no tiene sentido" mantener la derogación de la Memoria Democrática tras la ruptura de PP-Vox y amenaza con recurrirla ante el Tribunal Constitucional

El ministro Víctor Torres en Valencia
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El Ministro de de Política Territorial y Memoria Democrática, Víctor Torres, ha lanzado un contundente ultimátum al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, respecto a la Ley de Concordia.

Para Torres, esta ley que deroga la de Memoria Democrática fue promovida por Vox y ya ha perdido su validez tras la salida de Vox del Gobierno autonómico. 

En su visita a Valencia para homenajear a víctimas del franquismo, Torres ha aprovechado para volver a criticar que la ley de la Concordia impulsada por los gobiernos de PP-Vox reconozca a las víctimas de la Segunda República y a las del terrorismo de ETA -olvidadas en la anterior norma de Memoria Democrática del Botànic (PSPV-Compromís-UP) - porque, a su juicio y al del Gobierno de Pedro Sánchez, supone "un retroceso en derechos humanos". "Cualquier involución tendrá el rechazo absoluto del gobierno de España porque defendemos los derechos humanos, defendemos los pactos internacionales en derecho internacional, defendemos la constitución", ha añadido el ministro.

El ministro considera que con Vox fuera de los gobiernos autonómicos, Mazón ha tenido "la oportunidad perfecta" de "al día siguiente" rectificar la ley impulsada por los de Abascal. "No tiene sentido que los presidentes del Partido Popular mantengan esa derogación, lo lógico es revertir esta situación", ha valorado.

Torres ha lanzado un ultimátum de plazo corto en el que insta a modificar la ley de forma urgente. Una vez que esta iniciativa ya se ha aprobado en Las Cortes Valencianas la pasada semana, Torres ha anunciado que el Ministerio va a dar el siguiente paso previ9o al Constitucional: "se pondrá en contacto con el gobierno en la Comunidad Valenciana para arbitrar mecanismos de revisión por parte de los técnicos y juristas de ambas administraciones".

Todo ellos amenazado al Gobierno de Mazón de recurrir ante ante el Tribunal Constitucional si no acepta el emplazamiento a una reunión para imponer una derogación de la ley de la Concordia desde la Moncloa bajo el pretexto de encajarla a la carta-bulo de los relatores de la ONU afines al Gobierno de Sánchez "Nos sentamos en una mesa, con los técnicos, para que esa derogación entre en los cauces de lo que dictan la ONU y los relatores, y vuelva a lo que fue el marco anterior. Sino, lamentablemente, tengo que articular la vía judicial en el Constitucional". 

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