Tribunales
Nuevo 'palo' a la ex consellera Mª José Salvador por la comisión de investigación del accidente del metro
El exresponsable de Recursos Humanos de FGV, Dionisio García, deberá ser indemnizado con 10.000€ como compensación moral tras ser señalado como uno de los responsables políticos de la tragedia tras la comisión de investigación montada por PSPV y Compromís
El expresident de la Generalitat, Ximo Puig, junto a la exconsellera de Derecho a la Vivienda, Obras Públicas y Vertebración
'Varapalo' judicial para la portavoz adjunta del grupo socialista en Les Corts y exconsellera de Derecho a la Vivienda, Obras Públicas y Vertebración entre 2015 y 2019, María José Salvador, por la comisión de investigación que llevó a cabo junta a Compromís sobre el accidente del metro en Valencia el año 2006 llegando al Tribunal Constitucional a cuestionar sus prácticas.
Hoy, Dionisio García, ex alto cargo de FGV responsable de Recursos Humanos el año en el que se produjo la tragedia, ha recibido una indemnización de 10.000 € después de que el Tribunal Superior de Justicia entienda así que Les Corts no respetaron el derecho de este alto cargo “a recibir la consideración y trato de no autor o no partícipe en conductas ilícitas” y, en consecuencia, lesionaron su derecho fundamental al honor. “Estamos ante un daño efectivo, no meramente hipotético o elucubrativo”, concluye el alto tribunal valenciano.
Las conclusiones de Les Corts identificaban a este ex alto cargo como uno de los responsables “por falta de cumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales”.
García ya obtuvo anteriormente un pronunciamiento favorable del Tribunal Constitucional que hizo que este pusiera en cuestión las prácticas de "señalamiento público" por atribuir conductas supuestamente ilícitas o antijurídicas a los investigados en esas comisiones de modo que se anuló la parte de la resolución parlamentaria referida a él. Tras esto, el ex alto cargo exigió una indemnización de 10.000 €, más 3.000 € de las costas del proceso, que hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana le concede de manera parcial.
“Sin intervención de los órganos constitucionalmente competentes y a través de los procedimientos legalmente previstos, un poder público atribuye a una persona conductas merecedoras del máximo reproche social”, lamenta el texto de la sentencia, que concluye que el recurrente tiene derecho a defender su reputación.
La polémica diputada socialista Salvador, que Puig relevó como consellera, lideró una "caza de brujas" contra trabajadores de FGV tras el accidente del metro y para ello no dudó en utilizar al parlamento valenciano. Unos trabajadores que fueron "sentenciados" en las Cortes con una conclusiones de la comisión que tuvo que ser enmendada, nada más y nada menos que por el Tribunal Constitucional.
Los tribunales de justicia también dieron la razón a gran parte de los directivos del metro, incluida la gerente, "condenados" por los políticos de Compromís y PSOE en sede parlamentaria.