Las exigencias de Vox al PP de Mazón para un acuerdo postruptura
PP y Vox encaran un proceso de negociación con choques en materia migratoria y posibles encuentros en cuanto a incentivos fiscales, okupación, energía nuclear, vivienda y sanidad.
Gil Lázaro, Santiago Abascal, José María Llanos, Llanos Massó y Ana Vega.
El PP de Carlos Mazón y Vox vivieron en el debate de política general de la Comunidad Valenciana un reencuentro tras la ruptura antes de verano. De este se desprende una nueva relación similar a un divorcio con hijos a cargo. En este nuevo escenario político, los diputados valencianos de Santiago Abascal fijan su posición de poder frente a un gobierno del PP en minoría y dependiente. Será este viernes cuando los grupos parlamentarios expongan sus propuestas de resolución, es decir, las medidas o iniciativas que presentan al presidente, abriendo un proceso de negociación clave para la gobernabilidad del Consell de Mazón en minoría.
Desde Vox plantearán en Las Cortes Valencianas un amplio decálogo de propuestas imposible de cumplir íntegramente a corto plazo por su extensión y por la complejidad práctica de ciertas de sus iniciativas. Algunas con ADN exclusivo de Vox que ponen el foco en materia de seguridad, inmigración ilegal, vivienda o en la okupación, otras cuestiones de Estado con sello de Bambú, pero también otras muy concretas relativas a bonificaciones fiscales e infraestructuras de transportes, sanidad, agricultura donde cabe mayor capacidad de negociación entre ambos partidos. Si bien los presupuestos de 2025 no están condicionados al cumplimiento de todas ellas por parte del Consell de Mazón, la negociación con el jefe del Ejecutivo valenciano será clave para su gobernabilidad.
Ya en el cara a cara, con más acercamiento del presidente hacia los de Abascal que con la izquierda, se entrevieron los esbozos de la hoja de ruta que pueden trazar juntos Vox deslizó una de sus peticiones: la creación de una oficina especializada para el asesoramiento y acompañamiento de "todas las víctimas" frente a la okupación ilegal, además de avanzar judicialmente en la protección de las víctimas, la pronta recuperación de sus inmuebles, reforzar la seguridad y el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El presidente Carlos Mazón con mano izquierda supo adaptar el tono de su discurso e incluso variar nomenclaturas para tratar de persuadir a sus exsocios y recogió el guante reconociendo como buena la oficina antiokupas.
Además, en materia medioambiental, Vox pide al Consell de Mazón que negocie con la Unión Europea las "restricciones a las emisiones de CO2" o "la soberanía alimentaria" y la derogación de la Ley de cambio climático. En el debate de política general Vox ya expuso su voluntad de recuperar la autonomía energética impulsando la central nuclear de Cofrentes, algo que el presidente Carlos Mazón estimó oportuno asumiendo y replicando el mismo discurso. Los siguientes pasos a negociar en este ámbito es la promoción de la caza, la defensa marítima del territorio valenciano frente a la invasión catalana, vigilar las explotaciones agrarias para evitar robos entre otras medidas en defensa del campo valenciano como la promoción de la PAC, más controles a productos extranjeros o la promoción del relevo generacional.
El principal punto de confrontación será en inmigración. El documento de Vox que se debatirá en el parlamento valenciano está plagado de referencias a la crisis migratoria, un aspecto en el que Vox es muy exigente con propuestas quiméricas que exceden las competencias autonómicas tales como "impulsar un bloqueo naval", el endurecimiento de las penas, "la inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales" o despojarles de todas las ayudas y subvenciones públicas o promover un referéndum del modelo de defensa. La Generalitat Valenciana ejerce una oposición limitada en este asunto. Mazón, sujeto a las directrices de Génova, insiste en su voluntad de aceptar recursos para atender el reparto de inmigrantes que hizo detonar el gobierno de PP-Vox.
En cambio, PP y Vox podrán encontrarse en materia económica y en política fiscal. La formación verde instará al Consell a seguir trabajando para la disminución de la presión fiscal, un ámbito en el que ya se están implementando acciones como las deducciones por hijo o adopción recientemente anunciadas. En este ámbito, Vox insta a la bonificación del 100% de la cuota tributaria del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) reducir el tipo general del 1,5% al 0,5% del AJD para fomentar la transmisión de bienes inmuebles.
En materia de vivienda, Vox solicita al Consell un plan de choque para la rehabilitación de viviendas de titularidad pública, incentivar la promoción de nuevas VPO, ampliando así el parque público y, de forma explícita, ha instado a la Generalitat a no implementar las Zonas de Bajas Emisiones que limitan el uso del vehículo privado diésel y gasolina: "fomentar una movilidad integradora que no discrimine a las clases medias y trabajadoras ni limiten el derecho básico de la libre circulación de las personas".
Otro de los puntos es la simplificación administrativa. PP y Vox colaboraron de la mano en la eliminación de conselleries, chiringuitos y en la grasa de la administración pública, pero Vox quiere dar un paso más y donde los populares estiman necesaria una reforma, los conservadores optan por la eliminación completa de determinados organismos, es el caso, por ejemplo, de la Academia Valenciana de la Lengua (AVL).
Respecto a obras e infraestructuras, Vox exige el "soterramiento urgente" de las vías ferroviarias en las localidades valencianas de Alfafar, Sedaví y Benetússer, reconocidos como puntos negros donde se producen cantidad de muertes por atropellamientos e incidentes. También dice NO a los peajes en la AP-7, mejorar la nacional entre Castellón, Benicàssim y Oropesa, el by-pass de Valencia, la ampliación de carriles entre A-70 y la A-31 entre Alicante con Elche y Villena respectivamente, la A-7 entre Crevillente y Murcia o prolongar esta misma hasta Cataluña. Así como las ampliaciones de los aeropuertos de Valencia y Alicante-Elche.
En sanidad, Vox urge a aprobar planes estatales de salud mental y prevención del suicidio, a implementar el historial clínico y la tarjeta sanitaria única y a exigir al Gobierno el pago derivado del gasto en la atención a pacientes desplazados y extranjeros. En servicios sociales, insta a avanzar en corresponsabilidad familiar y teletrabajo, con más oferta horaria de actividades extraescolares y guardería, y exige al Gobierno que cumpla con el pago del 50% del sistema de dependencia.