El Consell de Mazón no modificará la Ley de Concordia pese a las presiones del Gobierno de Sánchez
Finaliza el plazo establecido por el Gobierno para que el Ejecutivo valenciano derogue la legislación con sello de Vox antes de abrir una batalla judicial ante el Tribunal Constitucional.
La Comunidad Valenciana no retirará la Ley de Concordia. Ni las presiones del Gobierno de Pedro Sánchez, ni el precedente de Castilla y León, ni la salida de Vox de los ejecutivos autonómicos hacen que el Consell de Carlos Mazón retroceda en lo que ha insistido que es "un blindaje de los derechos existentes".
Este lunes finalizaba el plazo que el Gobierno de España ha dado a la Generalitat Valenciana para que modifique la Ley de la Concordia o, de lo contrario, amenaza con recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Esta nueva legislación aprobada antes de verano sustituye a la de Memoria Democrática del Botànic. Contempla reconocer las víctimas, no solo de la Guerra Civil, sino también de la Segunda República y las de ETA. Precisamente Mazón ha vuelto a recordar que "si Miguel Ángel Blanco -asesinado por ETA en 1997- hubiera nacido en Castellón, no hubiera sido declarado víctima de violencia política" con la anterior Ley de Memoria Democrática de 2017, lo que ve como "una barbaridad desde el punto de vista de los Derechos Humanos".
Se trata de una normativa con sello de Vox, que el partido impulsó en todas las comunidades autónomas donde cogobernaba con el PP. Castilla y León finalmente no ha sacado adelante, pero la Comunidad Valenciana mantiene su posición pese a la ruptura con Vox.
El presidente Carlos Mazón, sabiendo escoger bien las palabras y el tono, ha reafirmado su postura. Ha defendido que estará dispuesto a "dialogar", pero da a entender ese diálogo en el sentido de "explicar las cosas" a quien "no lo ha querido entender bien. Irónicamente ha deslizado que el Gobierno "seguro que el Gobierno de España no quiere sacar rédito político e inmiscuirse en nuestro autogobierno".
Sin decirlo, ha expresado un 'no' a ceder a las presiones de Pedro Sánchez. La respuesta del Consell al Gobierno- que debe ser remitida este mismo lunes como máxima- será una defensa de la ley de Concordia que "desarrolla, consolida, blinda y amplía" siendo de este modo "lo mejor para la convivencia". Que la "consolidación de derechos adquiridos" -reconociendo a las víctimas de la Guerra Civil como lo hacía la ley de Memoria Democrática- con el nuevo "blindaje" a "todas las víctimas" incluidas las de la Segunda República y ETA es "el tratamiento adecuado".
De este modo, no se aplicarán cambios en la Ley de Concordia, del mismo modo que Mazón tampoco espera flexibilidad por parte del Gobierno abocada la situación, por ende, a una batalla judicial en el Constitucional. Preguntado por si su intención es no modificarla, el presidente Carlos Mazón: "Estoy convencido de que el Gobierno lo plantea de buena fe y seguro de que, como lo plantea así, estará dispuesto a escuchar y a entrar en razón con respecto al blindaje de los derechos existentes y a su ampliación".